El objetivo es lograr abaratar el precio final de la vivienda
Redaccion | Lunes 20 de octubre de 2014
El Gobierno balear exigirá a Madrid un cambio en la legislación en materia de suelo. El consejero de Obras Públicas regional considera necesario modificar la Ley del Suelo estatal con el único objetivo de impedir la retención de suelo con fines especulativos y, en consecuencia, lograr un abaratamiento del coste de las viviendas.
Tratar el problema del suelo con el fin de lograr una reducción en el coste de las viviendas es uno de los principales objetivos que el consejero de Obras Públicas, Francesc Quetglas, reclama al Gobierno central. Según Quetglas, "es importante modificar la ley para que las expropiaciones se hagan a precio de coste y que el precio del suelo no repercuta un 30% en el precio final de la vivienda, como sucede en estos momentos". Quetglas ha explicado que, para conseguir precios ajustados, el suelo no debe representar más del 15% del precio final de una casa.
El consejero considera que no es "justo ni constitucional" que a la hora de hacer una expropiación, las administraciones tengan que pagar también la expectativa de negocio. Por ello, anuncia que se opondrán a la posibilidad de que el Gobierno defienda una política "permisiva y liberal" de creación de suelo.
Según Quetglas, el precio de la vivienda no ha aumentado por la escasez de suelo dado que, según las estadísticas de la Consejería de Obras Públicas, Baleares tiene suelo disponible para construir el 50% de las plazas que ya hay edificadas en la actualidad. "Nuestro punto de vista es que no es el suelo el que sube el precio de la vivienda sino al revés, que es la necesidad de vivienda la que hace subir el precio del suelo", ha dicho el consejero.
Junto a la petición insular de modificar la Ley del Suelo, Quetglas también ha solicitado al Ministerio de Fomento que aumente los fondos destinados al Plan de Vivienda en Baleares, de modo que se facilite a las administraciones públicas la adquisición de solares para destinarlos a viviendas de protección oficial a precios razonables.
En tan sólo seis meses, el grado de cumplimiento del Plan Estatal de Vivienda es del 151,8%, según Quetglas, llegando a cifras más elevadas en el caso de la rehabilitación, con un cumplimiento del 186%.
"Por primera vez en la historia balear se ha superado el cupo establecido para viviendas de protección oficial. El grado de cumplimiento en este apartado es del 125%, gracias a que los promotores privados han comenzado a interesarse por estas construcciones", afirma el director general de Arquitectura, Jaume Carbonero.
Este renovado interés promotor responde al hecho de que Fomento declarase municipios singulares a las Islas, lo que ha permitido ajustar el precio de las VPO al de mercado. Además, el interés se ha acrecentado por la línea de ayudas complementarias para la adquisición de las viviendas del Gobierno balear. Una aportación que también se ha notado en los pisos usados, donde, según Carbonero, hasta hace poco no existía actividad.