Redaccion | Lunes 20 de octubre de 2014
La Xunta actuará de oficio en las inspecciones urbanísticas sin esperar a que se produzcan denuncias como se hacía hasta el momento. Entre las medidas que tiene previsto adoptar el Ejecutivo regional se encuentra el control y vigilancia sobre espacios naturales protegidos, hasta cuatro veces al mes.
"Un cambio importante en la forma de actuar en materia de inspección urbanística" es la promesa que realizó la conselleira de Política Territorial, María José Caride, al explicar que este organismo comenzará a actuar de oficio, en lugar de hacerlo sólo en respuesta a una denuncia tal y como sucedía hasta este momento.
La intención del Gobierno gallego es transmitir a los ciudadanos que se actuará con dureza a fin de impedir los desmanes urbanísticos tan numerosos en la geografía gallega.
Entre las medidas que pondrá en marcha para controlar las edificaciones ilegales se constituirá un equipo de 63 personas, de las que 17 realizarán su trabajo sobre el terreno, recorriendo la costa y los alrededores de los espacios naturales protegidos con el objetivo de evitar el deterioro del entorno como consecuencia de una presencia excesiva del cemento. Para ello, estos especialistas controlarán hasta cuatro veces al mes estos espacios considerados terrenos clasificados como suelo rústico de especial protección, así como las zonas de servidumbre de protección del dominio público. De este modo, las orillas de los ríos Miño y Sil, en el Camino Francés de la Ruta Xacobea, entre otros lugares, gozarán de una mayor protección.
Esta tarea recaerá en el equipo de inspectores, cuya actividad se engloba dentro del Plan de Inspección Urbanística 2006-2007, que será el elemento de planificación que controlará estas actuaciones hasta que la Axencia de Protección da Legalidade se encargue de realizar estas funciones.
Mientras, desde la dirección Xeral de Urbanismo, se dará prioridad a la detección de posibles infracciones de carácter grave o muy grave, además de efectuar un seguimiento de expedientes de autorización autonómico en el periodo comprendido entre los años 2003 y 2005. La finalidad de estos trabajos es comprobar que las actuaciones ejecutadas y los uso implantados se ajustan a las condiciones establecidas por la Dirección Xeral de Urbanismo, tal y como explica su director, Ramón Luaje Espinosa. Según los datos manejados por el departamento que dirige Luaje, en el año 2005 se resolvieron 934 expedientes, de los cuales 377 correspondieron a la provincia de Pontevedra, 355 a la de A Coruña, 113 a la de Lugo y 89 a la de Ourense. En cuanto a las sanciones concluidas y ejecutadas, el número se eleva a 22, de las que doce se concentraron en la provincia de A Coruña, mientras que Lugo y Ourense recibieron cuatro cada uno, y dos tuvieron lugar en Pontevedra.
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