Sólo en Barcelona, hay 17.000 casas vacías.
Redaccion | Lunes 20 de octubre de 2014
El anteproyecto de Ley del Derecho a la Vivienda elaborado por el departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat nace con polémica, ya que contempla la obligatoriedad de los propietarios a vender los pisos que se encuentren desocupados.
El artículo más polémico del borrador del anteproyecto de ley indica que “en ámbitos con una fuerte y acreditada demanda residencial se pueden establecer medidas de carácter forzoso para la incorporación de la vivienda desocupada al mercado inmobiliario”. El consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Salvador Milá aclaró en la presentación pública de este anteproyecto que esta situación se prevé como excepcional y después que el propietario se niegue a alquilarla.
En este sentido recordó que la nueva ley incorpora garantías para los propietarios de cobro de las rentas y de reparación de los desperfectos. Si estas iniciativas no dan resultado y la vivienda se encuentra en un área con una “fuerte y acreditada demanda residencial”, el Ayuntamiento correspondiente puede incorporar el piso al registro de viviendas que no cumplen la función social, como paso previo a su venta en el mercado libre. “No se trata de quitar al propietario un piso vacío temporalmente o en reserva para su hijo”, remarcó Milá. En Cataluña no se conoce el número de pisos vacíos, aunque sólo en Barcelona se estima que podría haber hasta 17.000.
Uno de los objetivos de la futura ley es duplicar el parque de viviendas con algún tipo de protección. En este sentido el borrador prevé que en un plazo de veinte años el parque de estos pisos pase del 7% actual al 15% en grandes y medianas ciudades.
La nueva ley creará también un registro único de solicitantes de vivienda de protección oficial, y obliga a que no sean liberadas antes de treinta años. Se dará prioridad al sorteo ante otras formas de asignación con el fin de evitar la creación de guetos.
Además, los inmuebles estarán obligados a superar inspecciones periódicas y los propietarios tendrán que conservarlos en buen estado. Esta medida busca evitar accidentes, y acabar con episodios de mobing inmobiliario.
El anteproyecto de ley también tiene intención de buscar soluciones para los pisos patera o sobreocupados, un problema que se ha generalizado bastante en los últimos años. El consejero Milá explicó que la vía para enfrentarse a este problema es hacer que los pisos resulten asequibles para todo el mundo.