Incompatibilidades

Mucho se ha hablado durante la última semana del régimen de incompatibilidades al que tendrían que estar sometidos los cargos públicos.

Después de que se haya hecho público el fichaje del ex concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, Sigfrido Herráez, como vicepresidente de una prestigiosa inmobiliaria.

Muchos se han llevado las manos a la cabeza por algo que no deja de ser legal, mientras no se demuestre lo contrario. Incluso hay quienes han apelado a la ética para reprochar la decisión adoptada por el ex concejal de pasarse al ámbito empresarial, varias semanas después de haber presentado su dimisión en el pleno del Consistorio de la capital. Generalmente, quienes recurren a la ética son los que no tienen criterios sostenibles para defender una acusación, aunque no es momento para detenerse en este detalle, ni en las declaraciones realizadas por Rafael Simancas acerca del trabajo de Herráez y Luis Eduardo Cortés para los promotores. El líder de los socialistas madrileños, varios años concejal de Madrid, debería saber que las adjudicaciones de la Empresa Municipal de la Vivienda se hacían por concursos en los que estaban presentes los tres partidos con representación municipal.

El nombramiento de Herráez ha hecho que algunos sugirieran la posibilidad de hacer una legislación sobre incompatibilidades de cargos municipales; algo que, si no me equivoco, corresponde a la Administración central.Se ha planteado la necesidad de que, en un periodo de tiempo determinado, los cargos municipales no puedan desarrollar su actividad en aquellas materias con las que han estado relacionados. Pero no se ha dicho nada sobre de qué van a vivir estas personas si, como en el caso de Herráez, sus profesiones se relacionan directamente con esa actividad. ¿Se van a implantar pensiones compensatorias como en el caso de los ex ministros? ¿Se van a conceder indemnizaciones, como se hace en la empresa privada, para evitar que desarrollen su actividad en un sector determinado?