INMOBILIARIO

El futuro del ‘Plan Trujillo’ está en manos de las comunidades autónomas

Los promotores creen que su viabilidad dependerá de los precios de la VPO

Redaccion | Lunes 20 de octubre de 2014
El Plan de Vivienda 2005-2008 ya tiene el visto bueno del Consejo de Ministros. Los cambios introducidos en el borrador inicial, una vez recogidas las propuestas de los consejeros regionales, han dado lugar a una opinión unánime en el sector: las comunidades autónomas tienen la última palabra sobre la viabilidad del plan.

El presidente de la APCE, Guillermo Chicote, valora el plan de forma positiva y lo califica como “programa de máximos”, por el cual el Ministerio deja en manos de las CCAA la posibilidad de corregir al alza el precio máximo de la vivienda protegida. Por su parte, el secretario general de Asprima, José Manuel Galindo, opina que el futuro y la viabilidad del plan dependerá precisamente de los precios que fijen las autoridades regionales.

Una vez que el texto se publique en el BOE se sabrá si las CCAA están dispuestas a subir los precios de la VPO, algo que preocupa especialmente a los promotores. Cada caso es distinto, puesto que algunas regiones han aplicado subidas recientemente. Es el caso de Madrid. Como explica Juan Blasco, director general de Arquitectura y Vivienda de la CAM, “los incrementos que se hicieron en marzo y noviembre han hecho que los precios de la VPO hayan subido en Madrid un 32%, por lo que tendremos que estudiar si los vamos a subir de nuevo”.

Cambios nacidos de la polémica.- Una de las novedades que se han incorporado en el plan es que el plazo de la calificación de vivienda protegida se extienda a un periodo de 30 años, frente a la postura inicial del Ejecutivo que preveía calificar la vivienda protegida con carácter indefinido. El secretario general de Asprima cree que esto supone un avance, aunque se muestra partidario de que el plazo sea más corto. Una opinión que comparten en la Federación de Promotores Inmobiliarios de Andalucía (Fadeco), para los que el plazo es “excesivamente largo”.

La modificación del plan más aplaudida por el sector es la eliminación de la prohibición expresa para promover vivienda protegida en alquiler con opción a compra. Según Juan Blasco, “esto permitirá a los promotores combinar las ayudas estatales para edificar en suelo destinado a la vivienda protegida con la fórmula autonómica del arrendamiento con opción a compra”.

El plan prevé también la creación de un nuevo tipo de vivienda protegida, la denominada “de precio concertado”, dirigida a los ciudadanos con rentas medias que no pueden acceder ni a la VPO ni a la vivienda de precio libre. El secretario general de Gecopi, Fernando Abad, cree que la inclusión de este modelo “es una solución intermedia que responde a la demanda de muchos ciudadanos”.

Los polémicos ‘minipisos’ también se han recogido en el plan a través del establecimiento de otra nueva tipología de vivienda en alquiler destinada a los jóvenes, que tendrá una superficie mínima de 30 metros cuadrados útiles y un máximo de 45. Para el secretario general de Gecopi, estas viviendas pueden ser tan útiles para los jóvenes como para las familias monoparentales, los ancianos, los separados y los divorciados.

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