Vivir los últimos años en casa

Más de la mitad de los españoles (51,5%) se imagina que pasará los últimos años de su vida, aún siendo muy mayor y necesitando cuidados permanentes, en su propia casa; sin embargo, un 23,8% piensa que, llegado ese momento, se tendrá que ir a vivir a una residencia; y un 8,5%, que acabará marchándose a la casa de algún hijo o familiar. Todo ello según los datos del último barómetro del CIS.

Sin embargo, son muchos más los ciudadanos que preferirían no tener que dejar su casa al hacerse mayores y poder seguir en ella recibiendo la atención necesaria (72,5%), y menos los que piensan que estarán más a gusto en una residencia (16,8%) o en casa de algún hijo (6,4%), siendo esta última opción, sorprendentemente, la menos deseada de las tres.

Otro aspecto revelador es que, a pesar de que de forma genérica pensamos que los hombres tienen la misma capacidad que las mujeres para atender a los mayores y/o dependientes (72,7%), a la hora de decidir sobre nuestro propio futuro tenemos una tendencia ligeramente superior a preferir los cuidados de una hija (7,1%) que los de un hijo varón (1,7%), aunque, por encima de cualquier otra alternativa, nos gustaría que fuese nuestro cónyuge quien nos atendiese (41,8%) si hubiese necesidad de ello.

En una sociedad moderna como la nuestra en la que pasamos la mayor parte del día fuera de casa y disponemos de muy pocas horas para dedicarlas a nuestras familias, una mayoría relativa de españoles (40,4%) piensan que deben ser las administraciones públicas quienes principalmente se hagan cargo de la atención a personas mayores o con problemas de discapacidad que necesiten cuidados permanentes, aunque la familia también se implique en su cuidado.

Un 27,9% de los ciudadanos llega todavía más lejos, ya que descarga toda la responsabilidad en el Estado, al que le reclama más servicios de atención domiciliaria, ayudas técnicas y centros de día y residencias. Y otros 26,4% de las personas encuestadas por el CIS creen que las familias deben ser las responsables de los cuidados, y que la administración ayude con recursos.

En el capítulo de la financiación de los gastos derivados de la atención a este tipo de personas, los españoles nos mostramos más bien solidarios, quizá porque somos conscientes de que es un problema que cada día se va a ir extendiendo más en nuestra sociedad. Según la encuesta del CIS, el 67% de los españoles estaría de acuerdo con pagar más impuestos o cotizaciones sociales a cambio de que se pusiese en marcha una Ley de Protección a la Dependencia que ofreciese apoyo eficaz a las familias con personas dependientes a su cargo.

El 31,9% preferiría que la financiación de los programas de ayuda fuese mediante una combinación de impuestos directos y especiales; el 25,7% a través sólo de impuestos especiales; el 12,9% mediante el aumento de impuestos generales; y un 10,3% a través del incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social.