Temor a la privatización de las mutuas

Los sindicatos están con la mosca detrás de la oreja con el borrador de real-decreto que ha redactado el Ministerio de Trabajo para modificar la norma que regula el funcionamiento de las mutuas de trabajo y los servicios de prevención. Esa modificación viene obligada por el Tribunal de Cuentas, que exige la diferenciación de las fuentes de financiación para evitar embrollos e irregularidades.

Lo cierto es que estas mutuas se financian con las aportaciones sociales de los empresarios, que son recaudadas por la Seguridad Social, y luego reparte ese dinero entre las mutuas, en función de los asociados de cada una, según sus acuerdos con las empresas.

A los sindicatos lo que menos les gusta es que el ministro Jesús Caldera no haya abierto un proceso negociador, y haya limitado los tres o cuatro encuentros mantenidos con los representantes de los trabajadores a conversaciones e intercambios de ideas. Eso denuncian al menos los sindicatos.

Lo segundo que no les gusta es que pierden peso, voz y voto. “Los sindicatos queremos tener una parte importante del control y seguimiento de la actividad de las mutuas”, comenta un sindicalista directamente implicado en el tema de las mutuas.

Y lo tercero, es que, según denuncian, detrás de esta reforma se esconde “una privatización parcial y encubierta de las mutuas de trabajo”. Parcial y encubierta porque el borrador de real-decreto contempla que las mutuas de trabajo podrán subcontratar algunos servicios, no tanto los que tienen que ver con la rehabilitación de accidentados como los que engloban la parte de control y seguimiento de riesgos laborales en las empresas y seguridad en el trabajo. Es decir, aquellos que van desde la revisión de los extintores y las salidas de humo hasta las revisiones periódicas de la salud de los trabajadores. “Exigimos que los trabajadores de estas empresas subcontratadas se rijan por el convenio de los trabajadores de las mutuas, que es el convenio del sector seguros”, dicen.

El sector de las mutuas ha sufrido un profundo proceso de concentración en los últimos años, pasando de más de 200 a apenas una treintena. Las más importantes son Fremap, de Mapfre; Asepeyo; Fraternidad-Muprespa (esta última es la mutua privatizada de las empresas que antes eran públicas); La Mutua Universal e Ibermutua-mur.

El Ministerio de Trabajo pretendía que el real-decreto hubiese entrado en vigor el pasado 1 de enero, pero no lo ha conseguido y los sindicatos quieren que se retrase tres meses más y, en ese periodo, abrir un verdadero proceso negociador. La pelea no es gratuita, porque este asunto afecta a 10.000 trabajadores, entre empleos directos e indirectos.