El comienzo del año no puede ser más duro para Don Dinero. De aquí a mediados de abril, sin apenas un respiro, tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados, desde Emilio Botín a Emilio Ybarra, el actual presidente del SCH y el expresidente del BBVA, con un buen montón de importantes financieros y dirigentes económicos y políticos por medio. Las repercusiones políticas son muy importantes y tanto el Gobierno como la oposición tendrán que mostrar algunas de sus cartas, o lo que es lo mismo, alguna de sus querencias hacia el dorado becerro de oro. Emilio Botín tiene un largo vía crucis que recorrer. Los dos procesos en los que aparece como inculpado pueden terminar con su absolución, pero nadie le puede evitar el amargor del banquillo y la dureza de los ataques que le van a lanzar las acusaciones particulares en ambos casos, que no así el fiscal y el abogado del Estado, con la larga, dura y vengativa mano de Rafael Pérez Escolar por medio.
En el primero de ellos, tendrá como compañeros “galeotes” a José María Amusátegui y a Angel Corcóstegui, que fueron copresidente y consejero delegado del superbanco en el inicio de la fusión. Los dos se jubilaron con unas más que estupendas “pensiones”, que son las que la jueza Teresa Palacios ha puesto en entredicho, y que superan los 15.000 millones de pesetas cada una de ellas. Fueron aprobadas en consejo y hasta en junta general, pero la magistrada cree que no se ajustaron a Derecho y que le sirvieron a don Emilio para acelerar su control único del poder en el banco.
En el segundo, existen más inculpados y pese a la más que buena disposición de los acusadores públicos hacia el presidente del SCH, la misma magistrada de la Audiencia Nacional, que heredó el tema de hasta tres magistrados anteriores, decidió seguir adelante con la instrucción del sumario, poner fechar a la vista pública, y sostener que las cesiones de crédito escondían una forma de dinero negro que se ocultaba a Hacienda, y que superaba en su monto global los 400.000 millones de pesetas.
El otro Emilio, ya obligado a retirarse de la presidencia del BBVA por las cuentas secretas que el banco tenía en paraísos fiscales y que servían para pagar pensiones y gastos a alguno de sus directivos y miembros del consejo de administración, tendrá que responder junto a varios de sus antiguos compañeros. Aquí sí, la acusación proviene del fiscal y pide hasta cuatro años de cárcel para uno de los grandes apellidos de las finanzas españolas del último siglo. Un caso que se mezcla con la más rabiosa de las batallas económicas y financieras que tendrá que dilucidarse en el primer trimestre del año: la del asalto de Sacyr-Vallehermoso sobre el BBVA de Francisco González, el hombre que no dudó en arrojar fuera de la dirección de la entidad a una parte muy importante en la historia del banco, como eran las tradicionales familias que habitaban y habitan el privilegiado y elitista Neguri.
Entre enero y abril, que es el marco en el que se van a mover Botín e Ybarra, razonablemente tendrá que despejarse o cubrirse de negras nubes el horizonte penitenciario de Alberto Cortina y Alberto Alcocer. Los dos primos tienen una condena del Supremo sobre sus cabezas, un recurso ante el Tribunal Constitucional, y una negación de indulto por parte del Gobierno de José María Aznar. Su buen y caro equipo de abogados ha conseguido que sigan en libertad, pero la noria de las probabilidades tiene que parar en algún momento y resolver el dilema. Son más las posibilidades de entrada en prisión que las de mantenimiento de la libertad, pero cazadores y taurinos como son, no dudan en aplicar el tan manido dicho de que “hasta el rabo, todo es toro”. Y su astado sigue en el ruedo.
Muy similar, pero con recorrido mucho más corto y con aviso de huelga de hambre por delante está la entrada en prisión de Rafael Vera, el que fuera Secretario de Estado de Seguridad, juzgado, condenado e indultado por el secuestro de Segundo Marey en plena época de los Gal, pero también juzgado y condenado por el caso de los fondos reservados del Ministerio del Interior, junto a algunos de sus más estrechos colaboradores. Los dos ministros que mandaron sobre él, Corcuera y Barrionuevo, junto al expresidente Felipe González, han pedido el indulto, para encontrarse con la negativa del actual titular de Justicia, Juan Fernando López Aguilar. Un pulso político dentro de la familia socialista.
Más claramente políticos, tanto por sus protagonistas como por sus raíces y derivaciones, son los juicios que se celebrarán en febrero: el de las presuntas comisiones ilegales en la construcción del AVE entre Madrid y Sevilla, por el que estarán en el banquillo el ex ministro Julián García Valverde y otros doce acusados más; que nos retrotraerán a todos, y sin duda a la oposición, a las viejas acusaciones de corrupción hacia los Gabinetes de Felipe González entre 1996 y 1999, con la enervante tensión pública y social que produjeron, y cuyas consecuencias siguen estando muy presentes en la memoria de los actuales dirigentes del PSOE y del PP; y el de las escuchas del Cesid, las intervenciones ilegales de teléfonos de distintas personalidades de la vida política, económica y social por parte de los servicios de inteligencia, incluido el Rey. Un juicio que será una repetición por la sentencia del Tribunal Constitucional, que encontró motivos fundados para anular el anterior. Compartirán banquillo dos entrañables adversarios militares como son el teniente general Manglano y el coronel Perote, este último ligado tras su salida del Cesid al caso de Mario Conde y Banesto, de nuevo con multitud de ramificaciones políticas y financieras de primer orden.
Sin fecha, pero sí con señales en el calendario está el sumario de Gescartera, con el broker Antonio Camacho de estrella, el Gobierno de José María Aznar bajo su alargada sombra, y con la dimisión del que fuera secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez Reyna, acompañándole en la acusación del fiscal, y la crisis que desató en toda la dirección de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. También aparece la jueza Teresa Palacios en la cerrada instrucción de este caso, que sólo espera fecha para los banquillos, y con una pequeña nube de perjudicados que se ha ido disolviendo poco a poco.
Meses de mucho “entretenimiento” informativo, que van a coincidir con campañas electorales, tensiones entre partidos, pactos institucionales y, a lo mejor –dejemos un hueco para las buenas y agradables noticias–, hasta para anuncios de embarazos principescos. Para no perdérselos.
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