Fomento apuesta por la rehabilitación y la financiación privada de infraestructuras

El Gobierno ya ha redactado el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte al que ha dotado de una partida presupuestaria cercana al cuarto de billón de euros y de un plazo de ejecución de 15 años a partir de 2005. El documento prevé actuaciones en la red ferroviaria y de carreteras, así como en puertos, aeropuertos e infraestructuras urbanas. Tanto en carreteras como en vías férreas está previsto recurrir a la rehabilitación para aprovechar las vías existentes.

Pablo Sola
Madrid

La ministra de Fomento, Magdalena Alvarez, ha presentado el Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte (PEIT), que prevé una inversión de 241.392 millones de euros para un periodo de ejecución de 15 años, de 2005 a 2020. En cualquier caso, el plan se revisará cada cuatro años para ajustarlo a las necesidades de cada momento.

Del total de la inversión, el ferrocarril absorbe el 42,84%, sin incluir los accesos ferroviarios urbanos, hasta alcanzar los 103.410 millones de euros. Las carreteras, exceptuando las actuaciones urbanas, se llevan el 25,12%, con un total de 60.635 millones de euros. El transporte urbano y metropolitano aparece como la tercera partida presupuestaria de mayor volumen al contar con 32,30 millones, un 13,47% del total, seguida por los puertos, con un 9,72%, que suman 23.460 millones. En aeropuertos, Fomento invertirá 15.700 millones, un 6,5% del total; y en transporte intermodal de mercancías y viajeros, unos 3.620 millones, que suponen un 1,5% del presupuesto. Para investigación, desarrollo e innovación, el Gobierno ha destinado el 0,85%, con una partida de 2.040 millones.

El ferrocarril lidera la inversión.- Las infraestructuras ferroviarias lideran la inversión prevista en el PEIT, puesto que llegan hasta el 48% del total si se les suma el 5,16% correspondiente a los accesos ferroviarios urbanos. En la actualidad, la red ferroviaria en servicio se aproxima a los 13.500 kilómetros, de los que tan sólo 1.031 están preparados para que circulen trenes de “altas prestaciones”. Pero ¿en qué consiste este nuevo término que viene a sustituir al AVE?
Se trata de poder alcanzar la velocidad que la tecnología permita en cada momento, sin obsesionarse con las máximas velocidades, según ha explicado la ministra. La idea es que, en 2020, exista en España una red ferroviaria de altas prestaciones de 10.000 kilómetros. Para ello, Fomento prevé actuar sobre 9.000 kilómetros de la red existente para adecuarlos a las nuevas prestaciones, construyendo lo que no se pueda reutilizar. “No estamos devaluando la alta velocidad, sino sacando provecho a lo que tenemos, no queremos despilfarrar recursos”, ha dicho Alvarez. Una vez rehabilitadas todas estas líneas, el 90% de la población peninsular se situará a menos de 50 kilómetros de una estación de la red ferroviaria, que conectará todas las capitales de provincia.

Como ya manifestó el PSOE en la pasada campaña electoral, el plan prevé corregir la actual estructura radial existente en España. Valga como ejemplo la línea ferroviaria que unirá el Mediterráneo y el Cantábrico, sin pasar por Madrid, a una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora, y que servirá para mercancías y pasajeros. De los 600 kilómetros que tendrá esta línea, la mitad serán rehabilitados y la otra mitad de nueva construcción.

Además, las nuevas líneas de altas prestaciones serán para tráfico mixto de viajeros y mercancías. Sólo cuatro corredores radiales serán exclusivos para tráfico de trenes de viajeros, y son los ya existentes y en ejecución que unen Madrid con Sevilla, Barcelona, Levante y Orense, y Santiago. El resto se ha diseñado para tráfico mixto y su trazado incluye como novedades la conexión de Logroño y Pamplona con la ‘Y’ vasca, la unión de Granada y Almería, y la conexión de Huesca con Francia por el Pirineo Francés.

Salvo estas novedades, el resto coincide con el anterior plan, por lo que el PP considera que el PEIT es una “mala copia” del Plan de Infraestructuras 2000-2007 del Gobierno anterior. “El plan es menos ambicioso, no se actualiza a la realidad española y su financiación no se sostiene”, ha dicho Andrés Ayala, portavoz de Infraestructuras del Grupo Popular en el Congreso.

La financiación.- Según Ayala, el PEIT prevé una financiación a 20 años cuyas previsiones económicas no se sostienen porque no prevé la incidencia de las ayudas europeas a partir de 2007. Ademas, considera que en ningún caso está garantizada la capacidad presupuestaria española para hacer frente a estas previsiones.

El modelo de financiación escogido por el Ministerio de Fomento, que busca respetar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE y controlar el déficit público, quiere que el 40% de la inversión total sea financiado a partes iguales entre el sector público y el privado. El restante 60% del presupuesto procederá de los presupuestos generales del Estado y de los fondos europeos, que entre 2007 y 2013 disminuirán su volumen.

En el anterior plan de infraestructuras, los fondos europeos financiaron un 30% de las inversiones previstas. “Si no hay fondos europeos, lo cubrirá el Estado”, ha asegurado Magdalena Alvarez.

El reparto de las fuentes de financiación varía según el tipo de transporte. Así, en el ferrocarril, el 81,4% de los gastos se cubren con fondos presupuestarios, mientras que la colaboración público-privada se hace cargo del 18,6% restante. En el caso de las carreteras, mientras el Estado paga un 75%, deja un 25% a la iniciativa público-privada. En cambio, tanto los aeropuertos, como los puertos y las restantes actuaciones destinan porcentajes mayores a la colaboración entre el sector público y el privado, siendo de un 97,8%, 90,3% y 72,3%, respectivamente.

Estos elevados porcentajes de inversión destinados al sector privado se han podido determinar gracias al Plan de Infraestructuras elaborado por la CEOE, que contempla una inversión privada total de 23.350 millones de euros en el periodo 2007-2012 y que la ministra de Fomento ha aceptado. Este plan, presentado el pasado noviembre en el Ministerio por la patronal, pretende suplir con la inversión empresarial la insuficiencia financiera que sufrirá el Ejecutivo con la pérdida de los Fondos de Cohesión de la Unión Europea.

Eso sí, la ministra ha querido dejar claro que la cifra de inversión no tiene en cuenta los gastos, ya presupuestados, para financiar las actuaciones previstas por Francisco Alvarez-Cascos y que no se paralizará ningún proyecto puesto en marcha por el Gobierno anterior.

Las carreteras.- También en carreteras el Gobierno quiere descartar la estructura radial y construir una malla viaria de alta capacidad por el país. Actualmente, existen en España 7.000 kilómetros de autovías y 2.000 de autopistas de peaje, lo que supone un 35% de la red estatal. Las carreteras convencionales suman 16.000 kilómetros.

Dentro de 15 años, la red de alta capacidad estará constituida por 14.600 kilómetros, un 60% de los kilómetros totales. Se construirán 5.600 kilómetros de alta capacidad para que todas las capitales de provincia tengan, al menos, una conexión por autovía, y el 94% de la población esté situada a menos de 30 kilómetros de una vía de alta capacidad. Aquí, como en el caso de los ferrocarriles, se procederá a la transformación de carreteras, actuando sobre itinerarios con autopistas de peaje, para convertir en vías de alta capacidad la vías libres existentes.

Sin plan de autopistas.- Sin embargo, el PEIT no incluye un plan de construcción de autopistas concreto, sino que se determinarán en función de las necesidades de financiación y de las alternativas de transporte libre de peaje que se diseñen. No obstante, el documento sí engloba el Plan Extraordinario de Carreteras que aprobó el Gobierno el pasado octubre para cumplir sus compromisos en materia de infraestructuras viarias durante esta Legislatura, y que incluye una inversión global de 4.000 millones a financiar con capital privado a través del denominado “método alemán”, consistente en que el Estado retrasa el pago de la infraestructura hasta que la recibe ejecutada. Las primeras obras de este plan extraordinario se han licitado ya por un valor de 2.504,85 millones.

El PEIT debe pasar ahora un proceso de consultas con los distintos ministerios, las comunidades autónomas y los agentes sociales, como asociaciones empresariales, sindicatos o universidades. Está previsto que en la segunda quincena de enero se debata en la Conferencia Sectorial, de forma que en el mes de marzo puedan estudiarse todas las alegaciones, para que vuelva al Consejo de Ministros y sea enviado al Parlamento a finales de 2005.