La atalaya/Rafael Gómez Parra
Redaccion | Lunes 20 de octubre de 2014
El juez Baltasar Garzón calcula en unos en unos 30.500 millones de euros las pérdidas para la economía española provocadas por el terrorismo de ETA en los últimos diez años, situación que se ha agravado con la aparición de la violencia de las organizaciones extremistas de corte islámico.
En esa cantidad se contabilizan, además de los gastos directos que el terrorismo supone a la Administración pública, las pérdidas por la fuga de empresas y personas de Euskadi y por atentados como el de la central nuclear de Lemóniz que, según el titular del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, a pesar de haber ocurrido hace más de 25 años, sigue costando a los españoles un 10% de aumento en el recibo de la luz, situación que se prolongará otros 20 años, hasta resarcir a Iberdrola, la dueña de la central, de sus pérdidas.
En total, el terrorismo de ETAha costado a las administraciones española y vasca, principalmente, más de 5.000 millones de euros al año, según las estimaciones que hizo el fiscal antiterrorista de la Audiencia Nacional Enrique Molina en las Jornadas de Información Fiscal que organizó José Félix González, presidente de Sarot Asesores, y que presidió el juez Baltasar Garzón.
En términos concretos, la contratación por parte de los organismos oficiales de agentes privados para suplir a los cuerpos de seguridad ha supuesto 240 millones de euros en los últimos diez años, a los que hay sumar otros 1.322 millones que se gasta específicamente la Policía para hacer frente al terrorismo de origen vasco y otros 1.262 millones de la Guardia Civil, donde se incluyen los costes de los traslados de los presos etarras.
Las consecuencias de los atentados, tanto mortales como materiales, también gravan de una manera notoria a la economía española. El Consorcio de Compensación de Seguros ha pagado unos 330 millones de euros a las víctimas que sufren daños materiales o físicos, a los que hay que añadir otros dos sistemas de compensación: uno ordinario, que se contempla en la Ley de Medidas Fiscales, que va desde los 30 euros por día para los lesionados a los 60.000 euros para las familias de los muertos; otro extraordinario, contemplado en la Ley de Solidaridad de 1999, que contempla que las indemnizaciones que deberían pagar los miembros de ETA condenados por algún crimen pasan al Estado, como responsable subsidiario, y que supone alrededor de unos 14.000 euros por persona muerta.
Hay que sumar también como gastos extras de la Administración unos 601 millones de euros en concepto de pensiones extras y lo que les cuesta al PP y al PSOE blindar sus sedes, implantar inhibidores de frecuencia en las zonas susceptibles de colocar un coche bomba, etc.
La última novedad, introducida por el Gobierno Zapatero ha sido la concesión de sendas subvenciones a la Asociación de Víctimas del Terrorismo para el programa de asistencia social “Nos Cuidamos”, por valor de 40.000 euros, y a la Asociación 11 de Marzo Afectados por el Terrorismo, de 80.000 euros, para apoyo al movimiento asociativo, apoyo escolar y educación de adultos, que concede el Ministerio de Interior.