Redaccion | Lunes 20 de octubre de 2014
El Ministerio de Vivienda dispone ya de un primer borrador de la que será la nueva ley del suelo. El documento plantea la necesidad de acabar con la actual calificación masiva de suelo urbanizable, lo que en la práctica supone la vuelta a la situación anterior a 1998, es decir, que sean exclusivamente los ayuntamientos quienes fijen qué terrenos son urbanizables.
La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, primero y el director general de Urbanismo y Política de Suelo, Marcos Vaquer, aseguraron que había que acabar con el sistema actual en el marco de unas jornadas sobre el sector organizadas por el grupo parlamentario socialista.
Ambos dirigentes subrayaron que hay que reformar el actual modelo, basado en la 'clasificación masiva de suelo urbanizable', porque es un 'sistema que ha fracasado, es insostenible y acarrea mayores costes en la prestación de servicios y una grave degradación social', explicó Trujillo.
Por su parte, Vaquer confirmó que el borrador en el que trabaja el Ministerio tendrá tres grandes criterios vertebradores. El primero será la elaboración de un estatuto básico de la ciudadanía, 'desde el que debe concebirse la regulación de los usos del suelo, a la manera en que lo hace la propia Constitución'. El segundo criterio será la apuesta decidida por la 'sostenibilidad del proceso urbanístico, lo que conlleva evitar la clasificación indiscriminada de suelos (modelo que no ha tenido éxito y es insostenible) y propiciar la regeneración de las ciudades existentes.
Fuentes consultadas por este periódico aseguran que esta crítica al sistema actual supone en la práctica la vuelta al estatus vigente antes de que se promulgara la ley de 1998.
Desde el Ministerio de Vivienda recuerdan que ahora todos los terrenos parten de una calificación de urbanizable, excepto aquéllos que deben ser especialmente protegidos. Con anterioridad a la ley de 1998, la situación era justo la contraria. Todos los suelos eran no urbanizables y eran los ayuntamientos quienes determinaban, al ejercer el planeamiento urbanístico en función de sus necesidades, qué solares pasaban a ser urbanizables.
Ésta es una de las reclamaciones al Gobierno que ha efectuado la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP): 'modificar la legislación básica en lo que se refiere a la clasificación del suelo, volviendo a configurar el suelo no urbanizable como regla y categoría residual, reconociendo de este modo a los Ayuntamientos la capacidad de decisión que a ellos les ha de corresponder', aseguró ayer en su comparecencia el alcalde de Lugo y presidente de la Comisión de Patrimonio Histórico de la FEMP, José Clemente López Orozco.
El tercer y último gran pilar de la que será nueva ley del suelo será el establecimiento de un nuevo régimen de valoraciones de suelo 'que tase la realidad y la actividad empresarial de transformación urbanística, pero no las meras expectativas de futuro basadas en la acción de los poderes públicos, para no fomentar la especulación con el suelo', aseguró Vaquer.
Así, el director general de Urbanismo anunció que la ley del Estado 'no debe ser una ley urbanística más, sino un marco de referencia para los ordenamientos urbanísticos autonómicos y locales'. Por esta razón, Vaquer anunció que se trabaja en un borrador de texto legal breve, que no interfiera en los modelos autonómicos y facilite su comprensión por parte de los ciudadanos.
Sin embargo, eludió concretar cuándo podría estar aprobada, pero insistió en que se elaborará con el mayor consenso posible para evitar que en el futuro sea nuevamente modificada, según quién ostente el poder.