El informe señala que se confunde sanción con reposición
Redaccion | Lunes 20 de octubre de 2014
Una de las causas que explica la situación de “indisciplina generaliza” que vive el urbanismo gallego es el retraso que se produce en la tramitación de los expedientes sancionadores por parte de las administraciones locales. Esta demora provoca que se terminen las obras ilegales antes de ser sancionadas.
Marisa Prado
A Coruña
De “indisciplina generalizada” es como califica el Consello de Contas (organismo encargado de fiscalizar las cuentas de las administraciones públicas) la situación del urbanismo en Galicia, según las conclusiones que se extraen del estudio efectuado por el organismo autonómico. Este panorama tan desalentador tiene su origen en el largo periodo de “debilidad y falta de control” que evitó la aplicación de la normativa urbanística, así como en la “dejadez” en la tramitación de expedientes sancionadores.
Error de conceptos.- En este sentido, el informe deja claro que se confunden “de manera reiterada y manifiesta” conceptos tan diferentes como sanción y reposición de la legalidad. En el primer caso, se refiere al castigo que debe imponerse al infractor por el delito cometido, mientras que el segundo apartado hace mención a la obligación de corregir la infracción. La confusión de los dos términos lleva a situaciones en las que se archivan los expedientes sancionadores una vez que el infractor legaliza la obra, lo que es incorrecto.
La causa, según se desprende del estudio del Consello de Contas, es la descoordinación existente entre los servicios de urbanismo y los de intervención para paliar estas deficiencias.
Estas irregularidades no sólo se vinculan a estos apartados. A ellos hay que añadir la falta de personal cualificado que se encargue de gestionar la construcción con criterios técnicos y la mala gestión en los impuestos vinculados con los usos que se le da al suelo urbanizable.
Esta realidad denunciada por el Consello de Contas tiene como principal actor, en cuanto a su responsabilidad, al personal de los ayuntamientos que, en muchos casos, no supervisa de manera fehaciente y las veces necesarias la utilización que se realiza de los terrenos en función de las licencias urbanísticas que han sido otorgadas.
En el caso de muchos consistorios, además, se da la circunstancia de que el retraso en la tramitación de los expedientes por infracciones urbanísticas permite a las personas que las cometen concluir las actuaciones ilegales.
De esta forma, según concluye el informe, se facilita y favorece la terminación de estas obras en el periodo de tiempo en el que se tramita el expediente administrativo que dará lugar a la sanción. Mientras este proceso sigue su curso, transcurre el plazo legal que estipulan las normas para que las distintas administraciones locales puedan reaccionar y corregir dicha ilegalidad.