Los alcaldes piden más dinero

Las cuentas del Impuesto de Actividades Económicas, el famoso IAE, no salen. Los ayuntamientos españoles reclaman al vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, un total de 845 millones de euros en concepto de compensación por la supresión de esta tasa que fue decretada por el Gobierno de Aznar hace tres años para las empresas medianas y pequeñas (aquellas que tengan una facturación menor de un millón de euros anuales).

Solbes sólo está dispuesto a pagar 600 millones para los 7.639 ayuntamientos, de los que, según sus cálculos, ya han sido transferidos a los municipios 435 y tan sólo restan 165 millones de euros.

Los alcaldes madrileños creen que las indemnizaciones fijadas por el Gobierno no compensan lo que han dejado de recaudar, sobre todo en aquellos municipios más industrializados, donde el IAE llegaba a cubrir el 10% del presupuesto municipal. La última reforma de la Ley de Haciendas Locales, de diciembre de 2002, preveía indemnizar a los ayuntamientos con cantidades que serían “la expresión de la diferencia” entre la recaudación líquida del año 2003 y los ingresos recogidos en 2000.

El presidente de la Federación de Municipios de España, Francisco Vázquez, alcalde de A Coruña, ha concretado el déficit que van a sufrir los municipios con las cantidades asignadas por Solbes, en más de 245 millones de euros.

Desde el 1 de enero de 2004, el Estado tiene el compromiso de ceder a los ejecutivos locales que sean capital de provincia o que tengan más de 75.000 habitantes el 1,6875% del IRPF de los vecinos, el 1,7897% del IVA imputable a cada municipio, y el 2,0454% de los impuestos especiales procedentes de la cerveza, el vino, el alcohol, las gasolinas y el tabaco.

Estas transferencias tributarias tienen como objetivo conseguir la autonomía financiera de los ayuntamientos madrileños y ayudar a la segunda descentralización: la municipal, una vez terminada la autonomía de las comunidades. Sin embargo, la autonomía local está prácticamente paralizada tras la publicación de la Ley de las Grandes Ciudades, que sólo afecta plenamente a los municipios con más de 200.000 habitantes.

Según los datos facilitados por el propio ministro de Economía, Pedro Solbes, los ayuntamientos sólo han subido dos puntos porcentuales, del 11,3% al 13,4% desde el año 1996 a 2003 en la participación de los gastos de las administraciones públicas. En el mismo periodo, las comunidades autónomas, que son las que más transferencias económicas han recibido, han pasado del 22,4% al 33,9%. El Estado ha bajado su participación en los gastos del 37,4% al 20,1%, descontando las partidas correspondientes a la Seguridad Social (32,6% en 2003).