Roberto Pastrana
Redaccion | Lunes 20 de octubre de 2014
Dos empresas se reparten las labores de prevención y extinción de incendios en las campañas veraniegas de la Comunidad de Madrid de este año y de 2005.
Estas compañías, Matinsa y Api-Florisur, son las adjudicatarias de un concurso público organizado por la Consejería de Medio Ambiente, en el que se repartieron un presupuesto de 34,20 millones de euros. Matinsa, una filial de FCC, seguirá desarrollando esta labor en la zona norte, en la que ya venía desempeñando estas actividades desde 1998. Por su parte, la UTE Api-Florisur (vinculada a ACS), extenderá su radio de acción al sur de la región.
Los representantes sindicales de bomberos y agentes forestales ven con suspicacia el volumen presupuestario que el Gobierno madrileño dedica a las empresas privadas, al tiempo que han denunciado las carencias materiales del servicio público. Las labores de prevención de incendios han incrementado su dicotomía: la Consejería de Justicia e Interior tiene a los efectivos públicos del cuerpo de bomberos, mientras que Medio Ambiente cuenta con los agentes forestales (públicos) y retenes forestales (de FCC y ACS). Mientras los agentes piden más coordinación entre los cuerpos y mayor apoyo presupuestario, la propuesta de las filiales de las compañías que presiden Florentino Pérez y Marcelino Oreja aporta a la lucha contra incendios más de 500 personas, 20 autobombas ligeras, 10 camiones y dos helicópteros.
Tras las nuevas contrataciones, los efectivos para prevención y extinción para la campaña de verano ascienden a 367 personas. Esta decisión aleja temporalmente el temor a la privatización de estos servicios, basado en el recorte del presupuesto en más de un millón de euros, según Juan Carlos Martínez, secretario de bomberos de CSIT-Unión Profesional. Al mismo tiempo, los efectivos dependientes de la iniciativa pública han aumentado.
Sin embargo, una de las quejas de los representantes de los agentes forestales es que no disponen de comunicaciones en ciertas comarcas, “justificando que no hay presupuesto”, lo que contrasta, a juicio de CC.OO., “con la dotación de sistemas de comunicación que se han hecho a estas empresas privadas, donde incluso el personal de avituallamiento cuenta con comunicaciones que nunca ha poseído el cuerpo de agentes forestales”, dicen.
Los representantes de los servicios públicos reclaman, además de un protocolo de actuación para coordinar los tres cuerpos, más apoyo por parte de la Comunidad de Madrid. Francisco Cabezo, de CC.OO., afirma que “es necesario una auditoría para mejorar la efectividad de las inversiones”, ya que, en su opinión, el incremento presupuestario para las empresas privadas “no ha redundado en una disminución de las hectáreas quemadas, sino todo lo contrario”.