La ONU recomienda potenciar las reducciones de este gas en los sectores de transporte, residencial y de servicios
Redaccion | Lunes 20 de octubre de 2014
España, tras una década de fuerte crecimiento económico y de consumo energético, ha elevado un 40% sus emisiones y se enfrenta a unos retos económicos y sociales importantes, si pretenden lograr los objetivos marcados por el Protocolo de Kioto.
España es el único país junto a Grecia que no ha entregado el Plan de Asignación de Emisiones, pero no sólo eso, sino que está entre los cuatro países de la Unión Europea que más han aumentado sus emisiones respecto a 1990, un 33% más según datos de 2001 y un 40%, según los últimos datos aportados por PricewaterhouseCoopers.
Mientras tanto, durante 2001, las emisiones de CO2 en el conjunto de la UE se habían reducido un 2%, gracias a los esfuerzos de países como Luxemburgo (-45%), Alemania (-18%), Reino Unido (-12%) o Suecia (-4%).
La década de los noventa supuso para España un periodo de fuerte crecimiento económico, con el subsiguiente aumento de la demanda energética. Así, la demanda de energía primaria creció un 3% anual, frente al crecimiento medio europeo, que fue del 1,4%.
Por esto, nuestro país debe hacer mayores esfuerzos que otros para reducir la emisiones y nuestros objetivos son menos ambiciosos. “El Reino Unido se está planteando reducciones del 60% de sus emisiones atmosféricas para 2050, mientras que nosotros tratamos de no superar el 15% entre 2008 y 2012”, dice Cristina Narbona, ministra de Medio Ambiente.
Aún así, los británicos han reconocido que tendrán problemas para reducir las emisiones de CO2 en un 20% para 2010, debido, fundamentalmente, a los incrementos de emisiones que se derivarán del transporte por carretera y aéreo.
Ciertamente, estos sectores no están incluidos en la directiva europea que regula la compraventa de derechos de emisión, y la ONU ha recomendado a España potenciar las reducciones en los sectores de transporte, residencial y de servicios para conseguir los objetivos de Kioto.
El sector del transporte español incrementó sus emisiones entre 1990 y 2000 en un 49%, y en 2001 un 55% respecto al inicio de los 90, lo que demuestra la importancia que tiene la implicación de este sector para lograr los objetivos.
Igualmente ha contribuido al aumento de las emisiones el boom inmobiliario, con un aumento en el tamaño de las viviendas y en el uso generalizado de aparatos eléctricos domésticos, la introducción de sistemas centrales de calefacción del hogar y el fuerte consumo de electricidad, incluyendo la significativa demanda de energía derivada del turismo.
Conseguir los objetivos marcados por la directiva europea va a tener fuertes costes económicos para España. En concreto, según PricewaterhouseCoopers, supondrá una pérdida para la economía española de 19.213 millones entre 2008 y 2012. La consultora calcula que, a un precio de 20 euros por tonelada de CO2, el país tendrá que pagar 2.400 millones al año para financiar las 123 toneladas del gas que emitirá por encima del umbral comprometido para 2010.