la atalaya/Rafael Gómez Parra
Redaccion | Lunes 20 de octubre de 2014
Cada familia de alguno de los muertos en los atentados del pasado 11 de marzo en Madrid cobrará 188.718 euros (31,40 millones de pesetas), en su mayor parte (138.233 euros) por el fondo de contingencia aprobado por el Gobierno para tratar de paliar los daños cometidos por la masacre terrorista, y en otra parte (50.485 euros) a través del Consorcio de Compensación de Seguros, incluido en el billete de Cercanías de Renfe.
En total, los familiares de los 191 fallecidos tiene derecho a más de 35 millones de euros (6.000 millones de pesetas), según los cálculos hechos por Ausbanc, la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios.
Las indemnizaciones no van a conseguir cubrir los daños físicos, y mucho menos los morales y psicológicos que han sufrido todas estas familias que han perdido a uno o más parientes, ni siquiera llegan a lo que la persona fallecida hubiera podido aportar a la economía doméstica para el mantenimiento de los hijos durante los años que le quedaban de vida. Se entiende así que algunos familiares de los muertos del 11-M se negaran a asistir al funeral organizado por el Jefe del Estado y por el Gobierno en La Almudena madrileña, a los que responsabilizan directamente de haber provocado los atentados por su decisión de que España participara directamente en la guerra de Irak.
Aquellos que hayan quedado inválidos recibirán más dinero: 390.658 euros por persona, debido a que se entiende que van a necesitar ayuda durante toda su vida, además de haber perdido, con casi total seguridad, cualquier posibilidad de trabajar, y que habrán de adecuar su forma de vida, su casa y sus relaciones sociales a su invalidez. El Gobierno no ha dado todavía cifras concretas de las personas que puedan entrar en esta categoría, pero un dato importante es que todavía hay cerca de 60 personas hospitalizadas, dada la gravedad de sus heridas.
Existen también tres categorías de incapacidad: la total, donde se cobrarán 96.162 euros por persona; la permanente total (40.081 euros) y la permanente parcial (36.061). Aquí es donde suele haber más problemas a la hora de diagnosticar a cada uno de los heridos por los atentados terroristas, lo que exige un largo peregrinar por las inspecciones médicas por parte de las víctimas hasta conseguir sus derechos.
Las víctimas del terrorismo tienen establecidas indemnizaciones oficiales desde el año 1999. Las ayudas establecidas incluyen también los arreglos de las casas y de los otros bienes perdidos en los atentados, como ha ocurrido en la explosión suicida de Leganés, donde todavía no se ha decidido si se procede a reconstruir la casa afectada o si es posible mantenerla en pie y proceder a su rehabilitación total.
La población española había llegado a aceptar, de mejor o peor gana, los efectos del terrorismo interior de ETA, provocado por la incapacidad de los políticos de encontrar soluciones al problema vasco, pero ha reaccionado con indignación al pagar también las consecuencias de las decisiones de José María Aznar de aliarse con George Bush en un lugar donde España no gana nada y tiene mucho que perder.