La decisión abre a las pymes la posibilidad de participar en el proyecto
Redaccion | Lunes 20 de octubre de 2014
El Ministerio de Fomento lo intentó, pero razones de ámbito administrativo y económico han impedido cumplir con uno de sus compromisos de legislatura: adjudicar la autopista de peaje Parbayón-Zurita (Cantabria), el quinto y último trazado del importante concurso licitado en el verano de 2003 –las cuatro restantes fueron adjudicadas el 22 de enero, por valor de 1.700 millones de euros.
Se trata de una obra que empezó con mal pie. A finales de enero, el Gobierno tuvo que declarar el concurso desierto, ya que las ofertas presentadas –ocho en total– no se atenían a los requisitos del pliego de condiciones. Ante esta primera dificultad, Fomento optó por abrir un procedimiento negociado de urgencia limitado a los grupos aspirantes y variando sensiblemente las condiciones del contrato para poderlo adjudicar antes de las elecciones del 14 de marzo: la inversión inicial se elevó de 200 millones a 350 millones de euros y a cambio, la Administración se comprometió a participar con un crédito participativo de 181.000 millones de euros, un 50% más de lo previsto al comienzo.
El siguiente contratiempo; la Intervención General del Estado, que desaconsejó la operación. Finalmente, el proyecto se ha suspendido después de que las empresas constructoras –cinco de ellas cotizadas en bolsa– se hubiesen gastado de media 600.000 euros en la preparación de sus ofertas. Indirectamente, también se ha truncado una parte importante del negocio: la participación de las entidades financieras, que consiguen importantes ventajas de las comisiones por la concesión de préstamos a los promotores.
Por añadidura, la apertura del procedimiento negociado levantó muchas ampollas en el seno del sector constructor. Muchas compañías criticaron a Fomento que la negociación quedase limitada a siete constructoras “cuando las condiciones del contrato inicial se modificaron sustancialmente”.
Ahora, el nuevo equipo en Fomento, dirigido por la socialista Magdalena Álvarez, deberá resolver el entuerto; posiblemente, será una de sus primeras decisiones al frente del Ministerio.
Según las fuentes consultadas, tiene tres opciones: continuar con los trabajos heredados del anterior equipo ministerial; descartar la opción del peaje para ese trazado, y la más verosímil, abrir un nuevo concurso que amplíe el abanico de ofertas a las que, probablemente se sumarán grupos formados por empresas de tamaño medio. Los expertos añaden que el nuevo pliego de condiciones deberá incluir requisitos que garanticen una rentabilidad de la concesión no inferior a los dos dígitos y para ello, la autopista debería liberarse de las obligaciones complementarias como, por ejemplo, la construcción de carreteras alternativas libres de peaje.
La nueva titular de Infraestructuras también tendrá que decidir qué hacer con otros cuatro proyectos de peaje que el Gobierno saliente tenía previsto adjudicar en esta legislatura. Se trata de las autopistas Alto de Santo Domingo-Málaga; Soria-Tudela; Córdoba-Toledo y la autopista R-1 de Madrid. Las dos primeras ya contaban con los estudios del Ministerio muy avanzados en los que se iban a incorporar fórmulas de financiación novedosas.