Ayuntamientos y cooperativas deberán sortear las viviendas de protección

El Gobierno vasco ha dictado dos órdenes que establecen la obligatoriedad de sortear las viviendas de protección oficial promovidas por los ejecutivos locales y las cooperativas, al objeto de evitar ciertas irregularidades y adjudicaciones a dedo, que se han detectado en otras ocasiones en este tipo de pisos. Los adjudicatarios deberán estar inscritos en el Etxebide o en las listas municipales de solicitantes.

Garbiñe Esteban.

Bilbao

Las viviendas de protección oficial promovidas por los ayuntamientos vascos se sortearán ante notario entre los solicitantes inscritos en listas municipales y en el Etxebide, a excepción de las que el Consistorio solicite para cubrir necesidades sociales o realojos, según la Orden de Procedimiento de Adjudicación de VPO de los Ayuntamientos, redactada por el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno vasco, y publicada en el Boletín Oficial del País Vasco.

Esta normativa afecta a las promociones sociales impulsadas desde las administraciones locales, sociedades públicas municipales o a través de convenios con promotores privados con la participación directa de los ayuntamientos, según ha explicado el consejero Javier Madrazo.

Obligatoriedad de la norma.- A partir de la publicación de la orden, se establece el sorteo público como método obligado de adjudicación de las VPO promovidas por los ejecutivos locales. Además del listado que elaboren los consistorios, todos los inscritos en Etxebide empadronados en el municipio donde se vayan a construir los pisos podrán participar en el sorteo. Así, se aporta la capacidad de gestión de Etxebide, pero permitiendo la utilización coordinada de otras bases de datos.

Para participar en las promociones impulsadas por los ayuntamientos que reciban ayudas del Gobierno vasco, el límite de exigencia de tiempo de empadronamiento no podrá superar los tres años. Pero en los proyectos de VPO que se desarrollen sin subvenciones del Ejecutivo autónomo, los consistorios pondrán el límite de empadronamiento.

El Departamento de Vivienda no permitirá la realización de los sorteos antes de que el proyecto de edificación obtenga la calificación provisional, procedimiento habitual hasta la fecha, según Madrazo, que generaba en ocasiones, problemas, ya que se han dado casos de que, al desconocerse el número de pisos a construir, personas que habían resultado beneficiarias de los sorteos se han quedado sin él por haberse construido menos viviendas de las sorteadas.

“Queremos que los ayuntamientos adjudiquen las viviendas cuando ya hay un proyecto de edificación concreto que determine el número de pisos que van en esa promoción”, ha dicho Madrazo.

En los próximos días, se publicará la orden que regulará la adjudicación de VPO a través de cooperativas. Los requisitos de esta modalidad, entre los que el consejero ha citado la obligatoriedad de hacer pública la apertura del proceso de constitución de la cooperativa, permitiendo el acceso a la misma de las personas inscritas en Etxebide. En caso de que los demandantes superen el número de viviendas, se realizará un sorteo para determinar quiénes serán los socios.

Anuncios públicos.- Los impulsores del proyecto deberán publicar un anuncio en los boletines oficiales del territorio correspondiente, así como insertar publicidad de la iniciativa en el periódico de mayor tirada, para facilitar que cualquier ciudadano que cumpla los requisitos para optar a la VPO pueda hacerse socio de la cooperativa, que tendrá que abrir un plazo mínimo de 20 días para proceder a las inscripciones.

Asimismo, Etxebide informará a los demandantes inscritos en este servicio de la formación de la cooperativa, que no podrá exigir el pago de más de 150 euros a los interesados en hacerse socios.

Madrazo ha señalado que uno de los objetivos del departamento que dirige es “dignificar” la vivienda protegida, “desarrollando una apuesta decidida por la transparencia y la igualdad de oportunidades en la adjudicación”.

El primer paso para conseguir este objetivo consistió en obligar a los promotores privados, a partir del 1 de noviembre de 2003, a adjudicar las viviendas protegidas mediante sorteo ante notario.