España se situará en 2010 un 26% por encima del objetivo de Kioto
Redaccion | Lunes 20 de octubre de 2014
La aplicación de la Directiva europea sobre Comercio de Emisiones, que engloba las exigencias del Protocolo de Kioto, tendrá un coste para la economía española de hasta 19.213 millones de euros entre 2008 y 2012, según un estudio de la consultora PriceWaterhouseCoopers presentado en Madrid.
La puesta en marcha de la Directiva ocasionará también un aumento adicional de la inflación del 2,7% en el primer año de su aplicación, con la consiguiente pérdida de competitividad para la economía española, a la vez que provocará la disminución anual de un punto porcentual del PIB en España.
España se situará en 2010 un 26% por encima del objetivo de emisiones que marca Kioto (que no debe superar el 15% respecto a las emisiones de 1990), pues para entonces se calcula sus emisiones incrementarán hasta un 41,2%.
Esto se traduce en que España deberá financiar la emisión de 123 millones de toneladas de gases de efecto invernadero que superan el umbral comprometido en el año 2010, lo que podría superar en los cinco años del período de compromiso entre 9.000 y 18.000 millones de euros considerando un rango de entre 15 y 30 euros por tonelada de CO2.
Como consecuencia de dicho déficit de dióxido de carbono con el que se encontrará el país, y calculando el precio medio por tonelada de CO2 en 20 euros, España tendrá que comprometer un volumen de 2.400 millones de euros de forma anual, cifra que representa dos veces el Fondo de Cohesión que recibió España de la UE en 2003 o un incremento de seis dólares del precio de barril de petróleo o más de la mitad del gasto en seguridad ciudadana.
Según el informe, los sectores de transporte, generación de electricidad, agricultura y cemento serán los que tendrán mayor nivel de emisiones de CO2 en el periodo de aplicación de Kioto y, por ende, serán los que tengan que adquirir más derechos de emisión.
El transporte encabeza la lista de sectores más afectados por Kioto pues se calcula en 138,70 millones de toneladas de dióxido de carbono su total de emisiones en el año 2010, y se cifra en 58,20 millones de euros el coste por derechos a adquirir de forma anual. Le sigue el sector eléctrico, con 85,50 millones de toneladas de CO2 en 2010, que le llevará a desembolsar 12,20 millones por derechos de emisión.
En tercer lugar se coloca la agricultura, con 46 millones de toneladas de CO2, lo que supondrá como contrapartida económica 3 millones en adquisición de derechos anuales, y el cemento con 34,50 millones de toneladas de emisiones, que conllevará el pago de 9,70 millones en la compra de derechos.
Por el contrario, entre los sectores menos afectados en 2010 figuran el del papel y pasta de papel con 3,70 millones de toneladas de CO2, lo que supondrá 0,60 millones en adquisición de derechos de emisión. Le sigue el metal no férrico con 4,40 millones de toneladas emisión de dióxido de carbono, que conllevará un coste de 1,60 millones en derechos de emisión.
A poca distancia se sitúa el sector de alimentación, que en 2010 emitirá 4,8 millones de toneladas de CO2, que se calcula en tres millones el pago por adquisición de los respectivos derechos; y el sector de 'Emis fugitivas', con 5,70 millones de toneladas de emisión, lo que no se supondrá coste alguno en derechos de emisión.
Atendiendo a la relación entre el incremento de las emisiones de CO2 y el incremento de la productividad en el período 1990-2010 en los sectores regulados (generación eléctrica, refino de petróleo, cemento, cal, cerámica-azulejos, papel y pasta de papel y siderurgia), el informe concluye que éstos tendrían un incremento de emisiones de dióxido de carbono "bastante inferiores" al de la producción.
Además, el informe hace hincapié en la correlación existente entre el crecimiento económico de un país y el aumento de emisiones. En el caso de España, la correlación entre el PIB y las emisiones históricas es de casi un punto, lo que hace poco "factible" que España pueda cumplir con sus previsiones de crecimiento y sus compromisos de reducción de emisiones, pues el crecimiento del PIB estimado en el período 1991 hasta 2010 es del 66,4%, al mismo tiempo que reduce hasta en un 15% sobre las registradas en 1990.