la atalaya/Rafael Gómez
Redaccion | Lunes 20 de octubre de 2014
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid ha establecido un precio máximo de 973,47 euros para las viviendas protegidas de menos de 100 metros cuadrados en los 33 municipios de la corona metropolitana y de 1.214,89 euros/m2 para las viviendas de más de 100 metros cuadrados.
Eso significa que un piso de 90 metros en Pozuelo, Getafe, San Fernando o Algete no puede venderse por más de 87.613 euros y de 133.638 euros la VPT de 110 metros cuadrados. En el caso especial de la capital madrileña, el precio del metro cuadrado para la VPO es de 1.135,72 euros/m2 y la VPT 1.417,37 euros/m2. Para los 10 municipios del grupo 3C, la vivienda de menos de 100 metros cuadrados tiene un precio máximo de 892,35 euros y en el resto de la Comunidad es de 811,23 euros.
Para aumentar los precios y que promover este tipo de casas salga rentable, algunas promotoras de VPO cobran, bajo cuerda, ciertas cantidades. Los métodos son diversos: desde reclamar 36.000 euros por dos plazas de garaje, hasta solicitar 12.000 euros por “mejoras diversas”. Varias promotoras de viviendas protegidas en la Comunidad de Madrid han sido denunciadas por los compradores por reclamarles cantidades muy por encima de los precios oficiales. En San Sebastián de los Reyes, el grupo Lábaro quería cobrar 71.000 euros de más a los adquirientes de las 57 viviendas de protección oficial que va a construir en La Dehesa Vieja, una urbanización de más de 5.000 viviendas que gestiona el consorcio formado por la Comunidad y el Ayuntamiento. En Parla, ha sido Progesur la denunciada por intentar subir los precios de VPO en 12.000 euros. Los gobiernos locales de ambos municipios han instado a los ciudadanos a poner las denuncias ante la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del territorio, que es el órgano competente. El anterior equipo de Ruiz-Gallardón sacó adelante una Ley del Suelo que incluía mayores penalizaciones a las promotoras que cobraran por encima de los precios oficiales, pero no se conoce ni un solo caso en que se haya puesto en práctica, y lo normal es que los compradores acaben aceptando los sobreprecios, debido a la gran diferencia, abismo diríamos, que existe entre los precios oficiales para la vivienda protegida y el mercado libre.
Además, cualquier comprador de vivienda protegida -incluidos algunos políticos o sus familiares- sabe que nada más comprarla, y sin necesidad siquiera de habitarla unos años para dulcificar la estafa, pueden venderla libremente y a precios de mercado, sin que nadie le denuncie o tome ninguna medida. Alberto Ruiz-Gallardón, cuando era presidente de la Comunidad, anunció medidas de vigilancia y sanción para los que compraran vivienda protegida y la vendieran sin cumplir las normas, pero, como en otra gran parte de anuncios publicitarios que hizo el hoy alcalde de Madrid, todo quedó en agua de borrajas.
Muchos promotores han propuesto a la Administración que coloque unos precios de la vivienda más acordes con la realidad, para acabar con el fraude. Los usuarios, en cambio, lo que quieren es que de verdad lo políticos se mojen y tomen cartas en el asunto para perseguir a los defraudadores.