El túnel de Atocha, la Operación Chamartín y la M-30
Redaccion | Lunes 20 de octubre de 2014
La victoria electoral del PSOE del pasado 14 de marzo ha puesto en peligro algunos de los proyectos más relevantes que el Ayuntamiento está llevando a cabo en la capital. Así, el grupo municipal socialista va a solicitar la intervención del Gobierno central en el túnel de Atocha, en la Operación Chamartín y en la M-30.
Pablo Sola.
Madrid
El Ministerio de Fomento ha licitado, con un presupuesto de 1,24 millones de euros, el contrato para la redacción del proyecto de construcción de la futura estación de Cercanías en Alonso Martínez, a pesar de que será el nuevo Ejecutivo socialista quien deberá administrar su construcción.
“Vamos a solicitar al nuevo Gobierno central que se nos informe de que se están subsanando las pegas que había en esta obra para controlar al máximo los trabajos, ya que el Ayuntamiento no nos informa”, asegura Félix Arias, concejal socialista.
Esta estación tendrá andenes de 20 metros de longitud y se integrará en el nuevo túnel que unirá Atocha, Sol, Nuevos Ministerios y Chamartín. Las obras se realizarán una vez construido el túnel para que los trabajos no interrumpan el servicio de tren.
El cambio de partido en el Gobierno también afectará a la Operación Chamartín, ya que el PSOE ha solicitado al Ayuntamiento que no apruebe el Plan Parcial, pues “debe ser auditado económica y urbanísticamente”, según Arias.
“Es necesario un mayor control público de esta actuación, ya que existe una gran descoordinación entre el consorcio y la empresa concesionaria”, asegura Arias. “Hay que llevar a cabo un estudio de impacto ambiental para poner el proyecto en contexto con la zona norte, haciendo un plan de movilidad, ver qué se puede y qué no se puede hacer y realizar un plan de etapas para llevarlo a cabo”, añade el concejal socialista.
En el proyecto participan las tres administraciones (Estado, Comunidad y Ayuntamiento), Renfe y Argentaria, por lo que el PSOE podría reducir la superficie de 3,12 millones de metros cuadrados a 1,20; disminuir el índice de edificabilidad, del 0,79 al 0,39 original; y exigir a las constructoras una mayor aportación al coste de las infraestructuras.
M-30.- En el caso del proyecto de reforma de la M-30, el concejal socialista asegura que van a solicitar al Gobierno central, como órgano encargado de la tutela de la legislación europea, que reclame declaraciones de impacto ambiental en cada una de las 20 actuaciones que se van a llevar a cabo en esta “vía de alta capacidad que el Ayuntamiento quiere calificar como calle”. Poco antes de los comicios, Fomento transfirió la titularidad de esta vía al Ayuntamiento de Madrid, transformándola así en urbana.
El Consistorio ya ha anunciado que en mayo se constituirá, con 70 millones de capital social, la empresa Madrid Calle 30, que gestionará estas obras, cuyos ingresos provendrán de un canon anual que aportará el Ejecutivo municipal.
“Con este método, el Ayuntamiento consigue eludir que la deuda real que asumen los madrileños no contabilice como deuda municipal, porque si no, no se lo permitirían”, asegura Arias. “Además, se alargan lo plazos, incrementando los costes”, añade.