Deberán solucionar sus discrepancias mediante un procedimiento arbitral
Redaccion | Lunes 20 de octubre de 2014
El conflicto entre el Gobierno de Ontario y la 407 ETR de Toronto, que gestiona Ferrovial, originado por la subida de precios en los peajes que la sociedad llevó a cabo el pasado 1 de febrero, ha quedado zanjado con la resolución que ha dictado el Tribunal de Justicia de Ontario. El organismo judicial ha dado la razón a la compañía española, dejando sin efecto la acusación que presentó el Ejecutivo provincial.
Angel Valverde.
Toronto
La divergencia de opiniones con respecto a lo que se especifica en un contrato de concesión entre Ferrovial y el Gobierno de la provincia de Ontario, en Canadá, ha sido el origen de una situación que, por el momento, ha quedado zanjada por la vía legal.
Una semana después de que el Ejecutivo canadiense acusara a la compañía española por incumplimiento de contrato, el Tribunal Superior de Justicia de Ontario ha dejado sin efecto la acusación, mientras no se resuelva la controversia que ambos mantienen sobre la subida de tarifas “a través del procedimiento arbitral previsto en el contrato”.
La concesionaria de la autopista 407 ETR de Toronto, liderada por Cintra, procedió, con fecha 1 de febrero de 2004, y “cumpliendo las prescripciones del contrato de concesión”, según informa la compañía, a la modificación de las tarifas de peaje. La respuesta del Gobierno provincial fue inmediata. Según las autoridades de Ontario, la revisión de las tarifas necesitaba autorización previa de la administración y su modificación sin este visto bueno constituía un incumplimiento del contrato.
La sociedad gestora, sin embargo, consideraba que el régimen de la concesión no establece que la autorización de la Provincia sea necesaria para la modificación de las tarifas. Este criterio se basa en los dictámenes legales recabados por la compañía, según las pautas establecidas en el proceso de licitación de 1999, donde se especifica la “libertad tarifaria”.
La concesionaria de la autopista 407 ETR, que está participada por Cintra (67,09%) y por los grupos Macquarie Infraestructure Group, de Australia, y SNC-Lavalin, de Canadá, invirtió 2.400 millones de euros en el desarrollo de este proyecto, lo que la convierte en la mayor privatización de la historia del país y en la mayor inversión en concesiones en el exterior del grupo español.