Vivienda
Redaccion | Lunes 20 de octubre de 2014
El Gobierno vasco ha puesto en marcha una nueva serie de medidas para terminar con el fraude en la compraventa de viviendas protegidas. El Departamento de Vivienda ha acordado con notarios y registradores “reforzar” el control en todas las operaciones que supongan el traspaso de un piso social. Además, se contratará personal externo para verificar que las VPO son utilizadas por sus verdaderos titulares. A pesar de que el Ejecutivo colabora con notarios y registradores desde hace años, ahora se ha blindado la normativa que rige las transmisiones de VPO. En un decreto publicado hace un mes se prohíbe de forma “taxativa” la venta de pisos protegido sin el consentimiento de la Administración, ya que se venía detectando que en casos aislados, se hacía una interpretación “injusta” de las normas.
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