Las instituciones vascas se oponen a los planes del Ministerio de Fomento
Redaccion | Lunes 20 de octubre de 2014
El Ministerio de Fomento mantiene su intención de ampliar en 200 metros la pista del aeropuerto de Hondarribia, en Guipúzcoa, a pesar de la oposición de las instituciones vascas. El proyecto de mejora y ampliación de la pista de aterrizaje no cuenta con el visto bueno de los municipios afectados, ni tampoco con el de la Diputación. Así lo ha explicado el alcalde de esta localidad guipuzcoana, Borja Jáuregui.
Garbiñe Esteban
San Sebastián
El proyecto del Ministerio de Fomento para ampliar el aeropuerto guipuzcoano de Hondarribia obligará a derribar 19 industrias, 223 viviendas, 22 locales comerciales, 48 garajes, un edificio público y una academia de enseñanza en el barrio de Mendelu.
El alcalde de la localidad, Borja Jáuregui, no ha ocultado su malestar. “El Ayuntamiento va a estar vigilante para que todos los procesos administrativos se hagan conforme a derecho. Tendrán que tener una respuesta no sólo justa, sino generosa con los 1.000 vecinos afectados”, ha dicho el primer edil de Hondarribia.
En una visita a la ciudad, el secretario de Estado de Infraestructuras, Benigno Blanco, explicaba a los representantes de los vecinos de Mendelu que, “o se amplía la pista, o poco a poco se asistirá al declive del aeropuerto y su cierre final”, añadiendo que se les compensará valorando las propiedades según los precios del mercado inmobiliario.
El proyecto.- El proyecto de Hondarribia se enmarca dentro del plan de mejora de infraestructuras aeroportuarias que Fomento ha elaborado para toda España. El Ministerio realizará una rehabilitación integral del aeródromo. Está previsto mejorar la terminal de pasajeros, incrementar los puntos de facturación y habilitar un aparcamiento cubierto. Además, se prolongará la pista de aterrizaje 196 metros más, pasando de los 1.754 actuales a 1.950.
Este es precisamente el elemento causante de la polémica, ya que la ampliación debe efectuarse en el extremo de tierra, el opuesto se encuentra con el mar, por lo que la pista continuaría por terrenos urbanizados de Mendelu.
Fomento justifica sus planes en las previsiones que para el aeropuerto existen y, según las cuales, en el año 2015, las instalaciones tendrán unos 600.000 usuarios frente a los 300.000 actuales.
Las instituciones vascas, consideran exageradas las cifras que maneja la cartera que dirige Francisco Alvarez-Cascos, y han propuesto alternativas para evitar la prolongación y, a la vez, cumplir la normativa de la Organización de Aviación Civil Internacional, como el aumento de las frecuencias, o la utilización de 1.454 metros de la pista, dejando el resto como franja de seguridad, lo que exigiría operar siempre con aviones de menos de 100 plazas. Las compañías ya han expresado su oposición a estas propuestas.
Voces en contra.- El alcalde de Irún, el socialista José Antonio Santano, ha denunciado que la ampliación de la pista del aeropuerto impedirá la construcción de 700 viviendas de protección oficial en la zona de San Miguel-Anaka. El proyecto de construir 1.000 viviendas en esta zona, 700 de VPO, se vería condicionado, ya que las alturas de las edificaciones deberían reducirse, ante la perspectiva de que las aeronaves sobrevolasen más bajo ese lugar.
El diputado general de Guipúzcoa, José Joan González de Txabarri, por su parte, asegura que “son decisiones tomadas unilateralmente, cuando algunos de los ámbitos de actuación que se plantean incumben a otras instituciones”.
González de Txabarri ha aclarado que la Diputación “se posiciona a favor de que el aeropuerto sea una estructura moderna y cumpla con criterios de seguridad” de la normativa europea. Precisa, no obstante, que no comparte el planteamiento del Gobierno de “ampliación o no hay aeropuerto”. El diputado considera que se “puede establecer un servicio aeroportuario, complementado con otras infraestructuras como la ‘Y’ vasca, que recogen un mejor servicio y un planteamiento mucho más abierto en relación a este tema”.
Txabarri reconoce que la competencia del aeropuerto es del Ministerio de Fomento, pero, precisa que no puede llevarla a cabo si los ayuntamientos y la entidad foral están en contra, máxime porque de éste último depende el urbanismo y el transporte.