Caso Elf: las comisiones ilegales siguen siendo una incógnita

Los tribunales franceses han concluido con el caso de malversación dentro de la petrolera gala Elf-Aquitaine. El Tribunal Correccional de París impuso penas de prisión y multas para la cúpula de la multinacional entre los años 1989 y 1993 por el desvío de fondos por valor de 305 millones de euros. El antiguo presidente de la compañía, Loïk Le Floch-Prigent, ha sido condenado a cinco años de prisión en firme y una multa de 375.000 euros, que se vienen a añadir a otra pena de 30 meses por un fleco del caso que se juzgó aparte.

Su mano derecha, Alfred Sirven, fugado durante varios años y principal testigo del caso, ha sido condenado a cinco años de prisión y una multa de un millón de euros. Otro de los colaboradores de La Floch-Prigent, André Tarallo, también fue condenado a cuatro años de privación de libertad y una sanción de dos millones de euros. Tanto Tarallo como Alain Guillon, que fue condenado a tres años de prisión, pisan por primera vez la cárcel, que habían logrado evitar durante la investigación.
El caso salpicó también al ex ministro de Exteriores de Miterrand, Roland Dumas, que vió cómo su amante, Christine Deviers-Joncour, publicó un libro escandaloso titulado “La Putain de le Republique”, donde narraba sus relaciones con los políticos franceses y sobre el proceso. Deviers-Joncour fue condenada a tres años de cárcel, acusada de haber aceptado la misión de “convencer” a Dumas para que comprara cuatro fragatas a Taiwan. El encargado de contratarla fue Alfred Sirvent que, tras huir de Francia durante los primeros años de la instrucción del proceso, fue localizado, detenido y extraditado de Filipinas. Tras su captura la Corte Suprema francesa ordenó que se repitiera el proceso con el principal testigo de cargo.
El caso Elf se ha convertido en uno de los procesos más importantes contra el fraude empresarial a gran escala en Europa. España fue uno de los países perjudicados, en donde la firma gala adquirió Ertoil al grupo Ercros, filial química del grupo Torras, a finales de 1990. El juicio de los responsables de Elf no ha aclarado el destino de las millonarias comisiones que se movieron en las negociaciones para hacerse con la empresa española, pese a las palabras de alguno de los imputados. El antiguo presidente de Elf, por ejemplo, afirmaba en su libro de memorias que se repartieron millones de euros entre “amigos de Felipe González y del Rey” para concitar adhesiones al proyecto de compra de Ertoil.
Ercros vendió sus activos petroleros a la firma gala por 620 millones de euros, al tiempo que iba acumulando deudas astronómicas. Sin embargo, los deudores de la empresa no vieron ningún dinero de estas ventas, sino que se encontraron con la declaración de suspensión de pagos a mediados de 1992. La justicia española investigó la venta de Ertoil durante casi diez años, desde 1994 hasta enero de 2003. Sin embargo, la condición de aforado de Josep Piqué por el PP, integrante con anterioridad de la Comisión Ejecutiva de Ercros, impidió su comparecencia ante el Tribunal Supremo y acabó estrangulando la instrucción del proceso. El fiscal Bartolomé Vargas intentó en varias ocasiones que el caso pasara al Tribunal Supremo, competente en estos casos, pero sus esfuerzos fueron neutralizados por la Junta de Fiscales de Sala, y él fue apeado del caso y trasladado a otra sección.