La Comunidad Valenciana construirá pisos sociales en suelo dotacional

Los ayuntamientos y promotores de la Comunidad Valenciana tendrán la posibilidad de construir viviendas protegidas en suelo destinado a usos dotacionales, a partir del próximo ejercicio. Esta medida está prevista en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat, que entrará en vigor el 1 de enero de 2004. A partir de esta fecha se podrán empezar a construir las 65.000 VPO que pretende edificar el Ejecutivo hasta 2007.

Mayte Pozuelo
Valencia

El llamado suelo dotacional, el que se destina a equipamientos como colegios y centros sanitarios, podrá destinarse, a partir del próximo año, a vivienda protegida de nueva construcción para colectivos con especiales dificultades.
La medida, prevista en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat Valenciana, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2004, favorecerá, principalmente, “a tres colectivos especialmente vulnerables, como las personas mayores, discapacitados y jóvenes menores de 35 años que habitualmente tienen dificultades de acceso”, según ha destacado el consejero de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco.
A partir del próximo ejercicio, la Generalitat exigirá, para la aprobación de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) o la modificación de un plan por parte de los ayuntamientos, la previsión de suelo para la promoción de viviendas protegidas de nueva construcción.
Para conseguirlo, Blasco ha explicado que “los PGOU incluirán estudios en los que se cuantificará el número de viviendas de estas características que necesita el municipio, lo que permitirá a cada ayuntamiento habilitar el suelo necesario y disponer la ubicación de las viviendas”.
Actualmente, un 10% del aprovechamiento urbanístico se cede a los ayuntamientos y se destina una zona a espacios verdes, otra a viales y una tercera a dotaciones.

Acuerdo histórico.- De momento, la Consejería de Territorio y Vivienda de la Generalitat y los promotores inmobiliarios de la Comunidad Valenciana han firmado un convenio en el que se han comprometido a construir 65.000 viviendas nuevas de protección oficial (VPO) en los próximos cuatro años. Este acuerdo se produce gracias al incremento que ha sufrido el precio de este tipo de inmuebles, que oscila entre el 10% y el 20% en las tres provincias.
El convenio fomenta la creación de vivienda protegida de calidad, sobre todo en todos aquellos municipios y localidades con mayor dificultad económica, urbanística y social a la hora de acceder a un inmueble. Además, potencia la colaboración entre el Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivavi) y la Federación de Promotores de la Comunidad Valenciana.
En lo referente al suelo, la federación fomentará entre sus socios y entidades locales la reserva prioritaria de suelo para la creación de viviendas de protección oficial y se compromete a desarrollar, en caso de promociones mixtas, primero los inmuebles protegidos.
El presidente de la Federación de Promotores de la Comunidad Valenciana, Juan Bautista Soler, “se trata de un convenio histórico, pues posibilita un plan de vivienda pionero en España, y tras la firma de este nuevo convenio da comienzo una nueva etapa”. Siguiendo en esta línea, Soler ha invitado a los ayuntamientos de toda la Comunidad Valenciana a agilizar la concesión de licencias y planes de actuación urbanística.
El consejero de Territorio y Vivienda también ha calificado de “histórico” este convenio y ha anunciado la puesta en marcha de una legislación consensuada con los principales agentes económicos y sociales para conseguir, “un marco jurídico nuevo” donde se incluyan leyes sobre la ordenación territorial, sobre la protección del paisaje, la ley del suelo no urbanizable, una ley de vivienda y la futura modificación de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU).
A la nueva legislación le van a preceder una serie de medidas de aplicación inmediata, como será el reforzar el silencio administrativo positivo en las solicitudes de licencias de obras, primera ocupación y cédula de habitabilidad, sobre todo, y especialmente, para expedientes de inmuebles de protección oficial que cuenten con calificación provisional.
Dentro del nuevo marco jurídico que ha provocado este convenio, la Ley de Ordenación Territorial se debatirá en las Cortes Valencianas en el primer trimestre del próximo año 2004.