La vivienda se convierte en la diana de las elecciones autonómicas de Madrid y Cataluña

La solución al alto problema de precios de las viviendas es la diana en la que todos los partidos políticos intentan acertar de cara a las próximas elecciones al parlamento madrileño y al catalán, así como a los comicios generales del año que viene. Muchas son las propuestas de los distintos partidos políticos, que coinciden en apostar por la promoción del régimen de alquiler, así como por la construcción de nuevos pisos sociales y por el fomento de las ayudas a la adquisición.

Rafael Gómez Parra
Madrid

El continuo aumento del precio de la vivienda en España y el escándalo de la Asamblea de Madrid han puesto en el primer plano de la política el mercado inmobiliario, tanto en las dos primeros citas electorales: Madrid (26 de octubre) y Cataluña (16 de noviembre), como en las generales de marzo. La construcción de pisos es la diana electoral sobre la que disparan sus flechas los principales candidatos, intentando acertar con una solución que ayude a su partido a aumentar los votos, sobre todo de la gente más joven que intenta independizarse, pero no puede pagar una vivienda.
El resultado es una inmensa algarabía política que está afectando a los empresarios inmobiliarios y de la construcción, que no saben por dónde van a discurrir las aguas tras las elecciones. En dos cosas están de acuerdo los profesionales del sector: que no hay burbuja, porque la demanda sigue muy alta, y que la causa del aumento de los precios se asienta en el coste del suelo, en la fuerte demanda y en la bajada de los tipos de interés.

Más de medio millón de pisos.- Las 550.000 viviendas que se han construido anualmente desde 2001 no han sido capaces de absorber la demanda con la velocidad necesaria, lo que ha provocado que España sea el país donde menos se tarda en vender un piso –menos de un mes como media- y en donde la mayor parte de las nuevas promociones están vendidas al ponerse la primera piedra.
La bajada de la Bolsa, que había sido el reducto de las inversiones familiares en la década pasada, ha provocado que muchas personas hayan invertido todos sus ahorros en el mercado inmobiliario.
El Banco de España ha hecho sucesivas recomendaciones, tanto a clientes como a las entidades financieras, para que rebajaran el grado de endeudamiento, pero todo ha sido inútil y las hipotecas siguen creciendo a un ritmo vertiginoso.
La mayor parte de las familias que viven en la grandes ciudades dedican en la actualidad más del 50% de su renta a la compra de un piso. La media del valor de la hipoteca contratada ha aumentado de los 36.000 euros de la década anterior, a más de 72.000 euros, y también se ha alargado el plazo, que ya rebasa los 25 años.
Las sucesivas leyes del suelo elaboradas por los gobiernos del PP (Arias Salgado), y de las comunidades autónomas tras el traspaso de competencias, han sido incapaces de frenar el aumento del coste del suelo, que se ha multiplicado por tres en Madrid y Barcelona.
Tampoco han conseguido los políticos de todas las tendencias que se cumplieran los planes de construcción de viviendas baratas. Así, en Madrid sólo se ha hecho en los últimos cuatro años una de cada cinco VPO que exigía la propia Ley del Suelo de Gallardón y que establece, en general, que sobre cada promoción se haga el 50% de pisos con algún tipo de protección.
La firma de un acuerdo entre Rafael Simancas, candidato del PSOE a presidente de Madrid, con una asociación de cooperativas, Agecovi, provocó un duro ataque del PP que veía en ese pacto un ataque a la libertad y a la libre competencia.
Los gestores de cooperativas alegan que sin planes amplios y concretos en los que se involucren las administraciones no es posible construir pisos con este tipo de régimen. Los promotores libres, en cambio, alegan que los gestores de cooperativas gozan de un trato de favor, ya que no arriesgan su dinero y, además, se les conceden suelos a precios más bajos.
Este pacto, junto a la sospecha de que el PSOE iba a ceder a IU la Consejería de Vivienda, provocó la ‘traición’ de los dos diputados socialistas, José Tamayo y Teresa Sáez. La respuesta de Simancas, con el apoyo de José Luis Rodríguez Zapatero, fue expulsar a los ‘traidores’ y negarse a asumir en esas condiciones el Gobierno de Madrid, lo que provocó la convocatoria de nuevas elecciones para el 26 de octubre.
La Comisión de Investigación creada para averiguar si había habido una trama inmobiliaria tras la fuga de Tamayo y Sáez no pudo llegar a ninguna conclusión oficial. Los socialistas barajaron los nombres de algunos promotores inmobiliarios locales, que habrían alentado la acción de los tránsfugas, junto con el secretario general del PP madrileño, Romero de Tejada, e incluso señalaron a personas del entorno de Alberto Ruiz-Gallardón, basándose siempre en informaciones periodísticas y en las llamadas telefónicas de sus móviles.

Promesas.- La nueva campaña electoral madrileña se ha centrado en la vivienda. Pero quizá la oferta más original haya sido la que ha hecho en Cataluña, el candidato de CiU, Artur Mas, que ha ofertado un plan por el que el Gobierno catalán pagará a los menores de 35 años que compren pisos de menos de 300.000 euros, el 20% del precio total y la Generalitat se quedará con el 20% de la propiedad del piso.
De esta manera se evitaría la especulación de personas que compran pisos baratos para venderlos por el doble del precio sin ni siquiera habitarlos, opina Mas. Mientras la Generalitat comparta la propiedad con el comprador, éste necesitará su visto bueno para vender la vivienda.
El Gobierno, por boca del secretario de Estado de Economía, Luis de Guindos, aboga por aumentar las subvenciones para la entrada de la vivienda, fomentando así la inversión directa, y disminuyendo las que van a los plazos de la hipoteca.
Simancas ha prometido construir más de 50.000 VPO. Y Fausto Fernández promete 120.000 pisos de iniciativa pública, 20.000 de ellos en alquiler, así como sacar al mercado 60.000 casas vacías.
Todos los partidos están de acuerdo en una solución: fomentar el alquiler. El PP prefiere aumentar las bonificaciones a los particulares que saquen sus pisos a este tipo de mercado, mientras que el PSOE e IU creen que es más importante construir viviendas dedicadas exclusivamente al alquiler, a través de cooperativas o de propiedad pública, como se ha hecho en otros países europeos.