AUTONOMÍAS

El Gobierno vasco pretende construir 3.400 pisos sociales en Vitoria

El alcalde de la ciudad rechaza el plan hasta que exista un pacto municipal

Redaccion | Lunes 20 de octubre de 2014
Una vez comenzado el nuevo curso político, y tal como estaba previsto, el consejero de Vivienda del Gobierno vasco, Javier Madrazo, y el alcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, se han reunido para tratar los temas que en esta materia afectan a la ciudad. En la reunión no se han alcanzado acuerdos concretos, pero sí se ha vislumbrado cierto distanciamiento entre las dos instituciones

Garbiñe Esteban
Vitoria

Ha sido la primera reunión de la legislatura entre Alfonso Alonso y Javier Madrazo, y de ella se puede destacar el ofrecimiento del consejero de un plan para la construcción de 3.400 pisos protegidos en Vitoria. De esta cantidad, 1.400 estarían en Salburua y Zabalgana y el resto se levantarían en el nuevo barrio que el alcalde quiere construir en la zona sur de la ciudad.
La intención del Gobierno vasco sería reservar el 40% de estas últimas viviendas al alquiler, mientras que la idea de Alonso era que todos los pisos a construir en esta zona fueran de precio tasado.

Pacto municipal.- En cualquier caso, el primer edil ha rehusado el acuerdo, aunque no de manera definitiva, porque antes prefiere alcanzar un pacto municipal, ya que después de las últimas elecciones gobierna en minoría, y es evidente que surgirán dificultades en todo lo referido a ordenanzas y presupuestos.
El alcalde gasteiztarra no ha querido dejar de recordar que la ciudad tiene actualmente suelo para construir 9.828 pisos en cuatro años de los que 7.132 serán de protección. Del total, están previstas en suelo municipal 5.500 y éste es el argumento por el cual Alonso considera que debe ser el Ayuntamiento el que decida quiénes deben ser los promotores de todas estas viviendas, añadiendo que la intervención del Ejecutivo regional no resulta imprescindible.
No obstante, Alonso ha recomendado a Madrazo que dedique sus esfuerzos a la promoción de viviendas sociales para el alquiler, ya que “es en ese terreno donde verdaderamente necesitamos al Gobierno vasco”.
El primer edil del Ayuntamiento de Vitoria cree necesario que sea el Ejecutivo municipal el que marque la pauta de la política en materia de vivienda, para lo que se hace imprescindible un amplio consenso entre todos los miembros de la corporación. Una vez que los criterios estén claros en el seno municipal, se pactará con el Gobierno vasco.
Las puertas de la corporación de la capital alavesa no están, sin embargo, cerradas. Alonso ha expuesto claramente al consejero regional su idea de “mantener la colaboración interinstitucional que a lo largo de los últimos cuatro años”, tiempo en el que él ha estado al frente del Ayuntamiento, “se ha traducido en la firma de seis convenios sobre vivienda que han posibilitado la construcción de 2.310 pisos”.

Planes de futuro.- Los planes municipales en materia de vivienda para el próximo trimestre pasan por el debate sobre la forma en que se distribuirán los 5.500 pisos públicos que le corresponden en los nuevos barrios de Salburua y Zabalgana. El objetivo es sortear parte de estas viviendas a lo largo del próximo año.
Alonso ha sido tajante en sus palabras al indicar que “no toleraremos ni medio retraso en la edificación de Salburua y Zabalgana”, dirigiéndose a los promotores privados con suelo en estas dos zonas de la ciudad. Tiene prevista en breve una reunión con los constructores para confirmar que todo marcha según los plazos estimados.
También este otoño será tiempo para debatir el Plan Especial del Casco Viejo de la ciudad, documento que el alcalde vitoriano considera esencial.
Finalmente, ya se conoce una curiosa y novedosa propuesta realizada por el concejal de Hacienda, Javier Maroto, para formar un grupo de trabajo en el que tengan participación todos los partidos y en el que se analicen los bienes inmuebles propiedad del Ayuntamiento con el objetivo de establecer cuáles de ellos no tienen ningún objeto, y por lo tanto podrían ser subastados.
Esta “ponencia de inmuebles” posibilitaría una “mejor y más equitativa gestión” de estos locales, pisos o garajes. Según Maroto “existe un extenso parque de viviendas, locales y garajes vacíos, lo que conlleva un deterioro progresivo de su estado y la generación de unos gastos de los que no se obtiene ningún efecto positivo”.