El "Crack" municipal

Las economías municipales hacen aguas y al ciudadano le toca apretarse más el cinturón, y pagar. El más claro en explicar lo que se avecina ha sido, sin duda, Alberto Ruiz Gallardón, que sin las ataduras de un Gobierno que lleve las siglas de su partido, grita sin complejos que en las arcas capitalinas, lo mismo que en la despensa de Carpanta, poco más se encuentra al día de hoy que telarañas, y que, por tanto, sólo queda apretar las tuercas al sufrido contribuyente para vadear la crisis. Obviamente al alcalde de Madrid no le duelen prendas al señalar al Gobierno de Zapatero como el artífice y consentidor del mal trago económico que comienza a ahogar a los ayuntamientos madrileños, y especialmente al de la Villa y Corte que hipotecó la pasada legislatura sus pecunios presentes y venideros en la M-30.Que el alcalde capitalino hace honor al sobrenombre de faraón de la Villa y Corte es una realidad que forma parte de la idiosincrasia del personaje, empeñado en dejar huella para la posteridad, y ahí está para demostrarlo el Metrosur que llevó a cabo como presidente de la Comunidad y esa Calle-30 cuyas obras acometió frente a las andanadas en contra de tirios y troyanos, Pero no menos real es que Madrid necesitaba, y necesita, cambiar drásticamente su fisonomía y un buen paso para ello era hacer desaparecer una ruidosa y contaminante M-30. Otra cosa es el cómo (el cemento en el cauce del río fue una salvajada) y a quien ha beneficiado su construcción. Dicho esto, el madrileño “santificaba” las obras del alcalde las pasadas elecciones y decir ahora que fueron un capricho millonario del alcalde es un recurso político que, la verdad, no lleva a ninguna parte.Flaco favor ha hecho desde luego a las huestes capitalinas el ministro de Economía, Pedro Solbes, viniendo a decir que los madrileños asuman las consecuencias, y paguen. A eso, señor ministro, se le llama dar armas al enemigo.Pero visto ya que en el Gobierno no hay nada que rascar, y que el dinero no crece debajo de los árboles, Gallardón, de nuevo sin complejo alguno, ha dicho alto y claro que sacará la financiación, vía impuestos, de los bolsillos de los ciudadanos, que a la postre es la forma más segura de saciar el voraz apetito financiero que en estos momentos tiene el Ayuntamiento de Madrid y el resto de corporaciones municipales. Viene a decir el alcalde capitalino que el madrileño debe rascarse el bolsillo para evitar el “Crack” de la economía municipal, pero el belicoso Gallardón va más allá, anunciando que dejará de asumir competencias impropias, es decir que dejará de prestar muchos de los servicios que el Consistorio madrileño, como el resto de corporaciones, se ven obligados a asumir, llámense éstos adecuación y obras de los centros educativos o prestaciones sociales. Y aquí es donde, sin decirlo, pide cuentas a su compañera de partido, Esperanza Aguirre, cuyo Ejecutivo administra muchas de las competencias a las que hoy los ayuntamientos no pueden seguir haciendo frente. Más difícil desde luego está resultando para los munícipes socialistas argumentar que el ciudadano será el paganini de la crisis que padecen. La izquierda tiene estas cosas, aunque luego los ayuntamientos que presiden, de forma más o menos camuflada, se vean igualmente abocados a subir los impuestos a sus ciudadanos, afectados también por una crisis inmobiliaria que era, pese a que no se reconozca, una de las principales fuentes de financiación municipal (veremos si las campañas electorales se viven a partir de ahora con la misma alegría).Sotto voce todos reconocen la incidencia del pinchazo del ladrillo en las haciendas municipales, pero sólo Gallardón se ha atrevido a reconocer alto y claro que los ayuntamientos están “hartos” de que su financiación tenga que estar vinculada a la venta de suelo (claro que tal ejercicio de sinceridad viene en época de vacas flacas para la construcción). Realidad tras la que, se diga o no, se esconde también la financiación de los partidos, otra de las grandes asignaturas pendientes de esta democracia si se quiere dar transparencia a la maquinaria política e impedir que continúen proliferando los escándalos urbanísticos. Pero esa es otra historia.En las antípodas del alcalde capitalino se sitúa el regidor de Getafe, Pedro Castro, y no porque no reconozca la urgencia de la financiación local, si no por su negación del peso que el urbanismo tiene, o si se prefiere tenía, en las haciendas municipales, y en su empeño en dar tiempo al Ejecutivo de Zapatero para solventar el problema financiero de los ayuntamientos, pese a las dificultades que está teniendo el hoy presidente de la FEMP para acallar el nerviosismo de sus propios compañeros de partido. Pese al ruido de fondo y a los recortes presupuestarios de Solbes, Castro hace una defensa numantina acerca de que Zapatero cumplirá su promesa de aprobar esa financiación local que todos esperan como agua de mayo en estos próximos meses, al tiempo que responsabiliza al Gobierno de Aznar de la actual debilidad económica de los ayuntamientos por retirarles el cobro del IAE y ser los artífices de la vigente normativa de financiación local. Fuera de batallas políticas, en la que la financiación municipal es un capítulo más, existe una realidad incuestionable en prácticamente todos los ayuntamientos; los números rojos de las haciendas locales, algo que más pronto que tarde va a traducirse en más presión impositiva para el ciudadano y en recortes, si no supresión tal y como anuncia Gallardón, de algunos servicios públicos. Por lo pronto los alcaldes intentan poner una “tirita”, tardía de todo punto, a sus problemas económicos reduciendo el número de cargos de confianza, inflados en los últimos años para dar cobijo a los compañeros, y esto afecta a todos los partidos por igual, que perdían el poder, y congelando también sus emolumentos y los del resto de concejales. Eso sí, como en todo, quien hace los recortes antes hizo la trampa, y no son pocos los que anticipándose a lo que había de venir ya incluyeron importantes subidas salariales en sus presupuestos del 2008.