Redaccion | Lunes 20 de octubre de 2014
El que fuera senador socialista por Almería en la pasada legislatura, Juan Miguel Peña Linares, está imputado junto a 39 empresarios del sindicato agrario COAG por un presunto delito ecológico, el mismo por el que el Juzgado de lo Penal número tres de Almería ha condenado al ex secretario provincial de COAG, Eduardo López Vargas, a seis meses de prisión. La causa está en el Supremo, al haber sido Peña una persona aforada.
Al ex senador -fue secretario primero y vocal de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación- se le acusa de destruir la orografía del paraje de El Alquilán, un Lugar de Interés Comunitario (LIC) al Sur de Sierra Alhamilla, donde antes existían especies protegidas y en peligro de extinción. Hizo los mayores desmontes ilegales de toda la Unión Europea.
En 1999, Peña y demás imputados, entre quienes también está su esposa, Encarnación Vargas Romero, constituyeron la Comunidad de Regantes "Vistamar", adquirieron 420 hectáreas de terreno forestal a muy bajo precio e iniciaron las obras ilegales de desmonte para instalar unos invernaderos. Los agentes forestales y el dirigente de Ecologistas en Acción Igor Parra lo denunciaron, lo que forzó a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía a ordenar la paralización de dichas obras, pero ellos continuaron haciéndolas.
Los imputados tuvieron protección política. El entonces consejero de Agricultura y Pesca, Paulino Plata, llamó "ignorantes" a los denunciantes, dijo que las obras eran "legales" y subvencionó con 3.380.385,08 de euros la construcción de un edificio de la sociedad Vega Cañada, de Eduardo Vargas Martín, integrante de "Vistamar".
El delegado de Medio Ambiente afirmó que la actividad ya había cesado y tramitó el cambio de uso de los terrenos cuando ya estaban arrasados. Las obras ilegales fueron realizadas por la empresa estatal Tragsa.