Son propuestas contrarias a las del anterior Ejecutivo
Redaccion | Lunes 20 de octubre de 2014
El giro político que dará Baleares tras la victoria del PP en las elecciones empieza a vislumbrarse en las promesas de los políticos electos. Levantar las moratorias antes de fin de año o renunciar a la reforma del hospital Son Dureta en pro de la construcción de un centro nuevo son algunas de las propuestas del futuro Ejecutivo regional.
Carmen Arriola
Mallorca
Cuando el nuevo Gobierno balear todavía no ha sido formado, los responsables del Partido Popular (PP) –ganador de las elecciones autonómicas del pasado 25 de mayo por mayoría absoluta- ya han comenzado a anunciar una serie de medidas urbanísticas que, sin duda, darán un giro de 360 grados respecto de las propuestas realizadas por el Ejecutivo saliente.
El levantamiento de las moratorias urbanísticas actualmente en vigor, la edificación de un nuevo complejo hospitalario en Palma de Mallorca, en detrimento de la reforma integral del hospital Son Dureta propuesta hasta ahora, así como la posible construcción de nuevas autopistas en las islas, son las principales propuestas de los populares para los próximos cuatro años de legislatura.
Levantar las moratorias.- El Partido Popular tiene la intención de aprobar inicialmente el Plan Territorial de Mallorca antes de que concluya el presente ejercicio, lo que conllevará el levantamiento de las dos moratorias urbanísticas actualmente en vigor.
Según uno de los responsables en esta materia del Grupo Popular durante la pasada legislatura, Joan Verger, si se confirma el cambio de color político en el Consell Insular de Mallorca –aún pendiente de pactar con Unió Mallorquina (UM)–, su partido promoverá cambios sobre el proyecto inicialmente preparado por el Pacto de Progreso, por lo que la aprobación inicial de la citada normativa podría producirse en torno al próximo mes de octubre.
Los plazos apuntados por Verger coinciden con las demandas formuladas por las organizaciones empresariales del sector. El presidente de la Asociación de Promotores de las Islas Baleares, Gabriel Oliver, destaca que nadie quiere una suspensión de las moratorias urbanísticas sin haber aprobado previamente el plan territorial, pero advierte que este trámite debe producirse antes de que concluya el presente ejercicio, dado que tras el verano las empresas van a comenzar a registrar importantes descensos en su actividad constructora debido a la paralización de proyectos derivada de las medidas cautelares actualmente en vigor.
La construcción de un nuevo hospital en Palma de Mallorca es uno de los puntos básicos del programa sanitario del Partido Popular, que apuesta por demoler el actual centro hospitalario de Son Dureta y crear uno más moderno en otra zona de Palma de Mallorca, que estaría ubicado, según fuentes del PP, "cerca de la actual situación de Son Dureta", aunque, de momento, todavía está por concretar la ubicación definitiva de este nuevo complejo.
Según el alcalde en funciones de la ciudad, Joan Fageda, el equipo de gobierno del Ayuntamiento ha apostado ya por la cesión de unos terrenos para la construcción del nuevo hospital".
Pero antes de tomar cualquier decisión, los nuevos responsables autonómicos deberán decidir qué hacer con el proyecto de remodelación de Son Dureta redactado por el arquitecto Reinaldo Ruiz, cuya propuesta se basa en mantener la situación urbanística del complejo sanitario, el mantenimiento de la asistencia y el servicio, al mismo tiempo que se realizan las obras, respetando el entorno ecológico y potenciando las prestaciones hospitalarias. La ejecución de este proyecto costaría unos 120 millones de euros.
Carreteras y autopistas.- Con el retorno del Partido Popular al Gobierno balear se reabre de nuevo la polémica en torno a la construcción de autopistas en la isla de Mallorca. Durante cuatro años, el polémico convenio de carreteras suscrito con la Administración central, que incluía la financiación de estos proyectos, ha estado en punto muerto ante la firme apuesta del Pacto de Progreso por el desdoblamiento de las carreteras. En realidad, el Gobierno progresista prácticamente no ha iniciado ninguno de los proyectos conflictivos con lo que los nuevos inquilinos populares pueden reanudar las negociaciones con Francisco Alvarez Cascos, ministro de Fomento.