Redaccion | Lunes 20 de octubre de 2014
Es evidente que las elecciones generales están a la vuelta de la esquina. Y todavía es más obvio en Andalucía, donde también se celebran elecciones autonómicas. Y como en toda contienda electoral, esto se percibe, fundamentalmente, por la lluvia de ofertas y promesas que bombardean a los ciudadanos.
Uno de los puntos fundamentales de toda campaña, y esta no iba a ser menos, son las promesas de puestos de trabajo y de viviendas. Pero esta, en lo que a vivienda se refiere, va a ser el no va más. Las cifras de promesas de viviendas incluso ya pueden subir del millón. Empezó el presidente andaluz, Manuel Chaves, con sus viviendas casi regaladas, le siguieron José Luis Rodríguez Zapatero y Carmen Chacón, presidente del Gobierno y ministra de Vivienda, respectivamente, al alimón con nuevas propuestas y ayudas concentradas al final de la legislatura. Y los últimos en unirse a la subasta de vivienda protegida han sido los representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que han subido la puja a las 200.000, tras la firma de un acuerdo de intenciones con el conocido como G-14, que reúne a las principales inmobiliarias del país.
Lo que verdaderamente hace falta es que estas promesas se traduzcan en hechos y no se queden en un calentón electoral. Hay que pedir a nuestros gobernantes que eviten el oportunismo y busquen soluciones.
En estos momentos por los que pasa el sector inmobiliario es muy importante que las administraciones públicas establezcan unas bases firmes para que los promotores inmobiliarios puedan producir vivienda protegida a precios asequibles y así paliar el descenso de construcción de viviendas libres. Con ello se podría mantener en un nivel aceptable la actividad del sector, la construcción no vería mermada en exceso su producción, y el aumento del paro se podría detener o, al menos, controlar.