La reforma de la Ley de Suelo de 1998 tendente a flexibilizar la oferta suelo urbanizable entra en vigor
Redaccion | Lunes 20 de octubre de 2014
En concreto, suscribieron el pacto todas las comunidades gobernadas por el PP, además de Cataluña y Canarias, con lo que se descolgaron del mismo las seis regiones actualmente bajo la gestión del PSOE y el País Vasco.
Entre los términos del acuerdo y, por tanto, de la reforma que hoy entra en vigor, destaca el compromiso asumido por todos los ejecutivos autonómicos firmantes de agilizar y flexibilizar los trámites administrativos ligados tanto a la clasificación de suelo como a la aprobación de los planeamientos urbanísticos.
Asimismo, establece un nuevo sistema de valoración de suelo, con el fin de excluir los elementos de cálculo que fomenten la especulación y, en cuanto a patrimonios públicos de suelo, recomienda a sus titulares abordar su enajenación primero mediante convenios públicos, posteriormente a través de concurso y sólo recurrir a la subasta en última instancia.
Por contra, la reforma no contempla obligación alguna de la administración a reservar suelos públicos para la promoción de viviendas de protección oficial (VPO), sino sólo una recomendación de que sea una prioridad en caso de enajenación por concurso.
Además, el documento incluye el silencio administrativo positivo para las consultas de privados sobre desarrollos urbanísticos ante comunidades y ayuntamientos, si en un año éstas no se pronuncian.
La reforma persigue elevar la oferta de suelo urbanizable con el fin de atajar el incremento del 120% que su precio acumula desde 1996 y que el Gobierno apunta como una de las principales causas del encarecimiento de la vivienda en un 80% en igual periodo.