Los grandes partidos hacen del problema de la vivienda un arma arrojadiza electoral
Redaccion | Lunes 20 de octubre de 2014
Más pisos de protección oficial y en alquiler -ya sean nuevos o de segunda mano- son promesas coincidentes de todas las formaciones políticas, que dirigen ese mensaje hacia los colectivos menos favorecidos como los jóvenes o las familias con pocos recursos económicos, además de los inmigrantes.
A partir de aquí llegan las diferencias, aunque todas tienen como prioridad frenar la especulación y abaratar la vivienda, cuyo encarecimiento interanual se mantiene entre el 15 y el 19 por ciento, según datos del primer trimestre de 2003.
El PP considera que uno de los grandes culpables de la subida es el suelo, cuyo coste se ha duplicado desde su llegada al poder, si bien llegó a triplicarse con los gobiernos socialistas. Por este motivo, el Ministerio de Fomento se puso como prioridad alcanzar un acuerdo nacional entre las tres administraciones con competencias en la materia (central, regional y local), pero fracasó ante la firme oposición de las seis comunidades gobernadas por los socialistas. La oferta sigue en pie.
Los jóvenes también merecen atención prioritaria para los 'populares', quienes promoverán en cada autonomía un plan de vivienda especial para ese colectivo, al que ofrecerían más pisos en alquiler y subvencionarían la entrada para su primera vivienda.
Por otro lado, se darán incentivos fiscales a las casa vacías (unos tres millones en España) que se pongan en alquiler, pero se penalizarán aquellas que estén en desuso. Como novedad, se quiere «recuperar» el centro de las ciudades como residencia para la juventud y se llegaría a «expropiar» a los propietarios de inmuebles viejos que paralicen el proyecto.
Para el PSOE, el objetivo principal es la promoción de viviendas públicas, a cuya construcción se destinaría el 40% de todo el suelo público. Buena parte de esos pisos sociales se ofrecerían en régimen de alquiler, con opción a compra, a los colectivos con menos recursos. Para los socialistas, la solución al encarecimiento de la vivienda implica evitar la retención indebida de suelo urbanizable y, al mismo tiempo, una actuación decidida sobre las casas vacías, a cuyos propietarios se les ofrecerían subvenciones a cambio de sacarlas al mercado con un precio tasado (para arrendar o venderlas). Finalmente, crearán Patrimonios Municipales de Suelo como nuevo factor para controlar el mercado.