La Sareb se plantea ceder 2.000 viviendas a precios asequibles

Así lo reconoce el PP en la enmienda que ha presentado a la moción socialista que se deriva de una interpelación al ministro de Economía, Luis de Guindos, celebrada la semana pasada sobre el balance del primer año de vida del llamado 'banco malo'.

Dicha moción será debatida previsiblemente este miércoles en el Pleno del Congreso y votada al día siguiente, y en ella el PSOE reclama que la Sareb ceda a las comunidades autónomas y los ayuntamientos parte de las viviendas que recibió de las entidades financieras nacionalizadas para que se integren en el parque de viviendas de alquiler social y puedan acceder a ellas víctimas de desahucios y otros ciudadanos con pocos ingresos.

Sin hacer peligrar los objetivos

En su enmienda, los 'populares' plantean un texto alternativo para que la Cámara Baja apoye el proyecto del 'banco malo' de "ceder temporalmente a las comunidades autónomas, en su calidad de autoridades competentes en materia de política de vivienda, hasta 2.000 viviendas de las transferidas por las entidades financieras para que se dediquen a incrementar el parque de viviendas ofertadas en alquiler a precios asequibles".

No obstante, el partido que da sustento al Gobierno reclama que se "asegure que las condiciones de cesión no ponen en ningún momento en peligro la consecución de los objetivos últimos que la Sareb tiene mandatados", entre los que destaca su obligación de "minimizar el coste para los contribuyentes de la reestructuración del sector financiero español".

El debate sobre esta posible cesión de viviendas coincide precisamente con la decisión de la Junta de Andalucía de abrir un expediente a la Sareb por no poner a disposición de los demandantes de vivienda las de naturaleza protegida.

Estricta resolución de los conflictos de intereses

Al margen de esta propuesta, tanto la moción socialista como la enmienda 'popular' incluyen otros cinco puntos. El principal partido de la oposición plantea con ellos que se garantice que la gestión de las operaciones de la Sareb sea "más profesional y transparente" con medidas como el control "exhaustivo" de la información sobre sus carteras ante la evolución de los precios de la vivienda.

Además, el PSOE cree que algunas de las entidades bancarias que controlan el 55% de la Sareb están "aplicando estrategias agresivas y fuertes descuentos" en la venta de sus activos, sobre todo inmobiliarios, por lo que exige que la Dirección del 'banco malo' defienda el interés general y evite posibles conflictos de intereses en el Consejo de Administración.

De hecho, los socialistas piden una vez más que la presidenta de la sociedad, Belén Romana, comparezca al menos una vez al trimestre ante la Comisión de Economía del Congreso para "rendir cuentas de su gestión". En su primera intervención, que se producirá previsiblemente a lo largo del mes de marzo según han indicado fuentes parlamentarias a Europa Press, Romana también tendrá que explicar los motivos de los recientes cambios que se han producido en el equipo directivo.

Frente a estas exigencias, el PP plantea un texto de apoyo a lo que ya se está haciendo, tanto en lo que respecta a la obligación del Gobierno de "velar por el cumplimiento" de los objetivos de la Sareb como al "apoyo a la gestión profesional y transparente con la que está desarrollando sus operaciones de venta de activos".

No obstante, sí propone instar a la sociedad a "dar cuenta de estas operaciones en sus informes periódicos públicos con un grado de detalle que no ponga en riesgo su eficiencia comercial" y a remitir a las Cortes un informe semestral sobre la evolución de sus actividades, dos exigencias que ya están contempladas en la legislación que regula el funcionamiento del 'banco malo'.

Finalmente, los 'populares' también incluyen en su enmienda la petición al Gobierno de que vele por que la compañía "siga realizando un seguimiento intenso de la evolución de los precios de la vivienda y el ajuste en el mercado inmobiliario, así como sobre sus implicaciones para sus activos", y que apoye el "mantenimiento y estricta aplicación de la política de gestión y resolución de los posibles conflictos de interés con los accionistas" del 'banco malo'.