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Sigfrido Herráez

Que paguen los ayuntamientos

Presidente de Rayet Construcción
Una de las pocas materias en las que parece existir unanimidad y consenso (palabra absolutamente alejada del panorama político actual) es la necesidad de que los ayuntamientos salden sus deudas con las empresas que prestan sus servicios a los ciudadanos administrados por ellos.

Retrasos e impagos van condenando al concurso de acreedores a pequeñas y medianas empresas contratadas y como consecuencia condenan también al paro a sus trabajadores. Incluso las grandes empresas tienen serios problemas en esa "huida hacia adelante" por prestar cada vez más servicios a las administraciones locales.

Son dos los principios que, en momentos de crisis, deben mover a los administradores públicos (estado, comunidades autónomas y ayuntamientos): Primero, no gastar más dinero del que se tiene (cuidado con las previsiones de ingresos) y Segundo, pagar lo que se debe.

Parecen dos obviedades, pero estoy seguro de que evitaríamos mucho paro y, sobre todo, daríamos opción a las empresas para transformarse y adaptarse si se cumplieran esas dos premisas.

¿Y se pueden ganar elecciones administrando así, como si de un hogar se tratara? Cada vez hay más gente que pensamos que sí. Es más, cada vez hay más gente que creemos que sólo el que administre así se merece ganar unas elecciones. Austeridad y eficiencia son las palabras de moda en la administración española. Austeridad, al igual que la aplican las familias españolas en la gestión de sus hogares, o las empresas con una política despiadada de ahorro desde el verano de 2007. Y eficiencia para no dejar de prestar los servicios esenciales que los ciudadanos demandamos. Hay que saber jerarquizar qué servicios y obras se deben hacer y cuales deben esperar. En la buena elección de esto último está el secreto del buen gestor en momentos de crisis. Pasear por las calles como administrado deja muy claro que no abunda el buen gestor. Y no por falta de actividad sino porque la dirección elegida no es la adecuada. El aumento en el número de funcionarios y las obras y servicios innecesarios o no prioritarios son ejemplos de este "mal hacer". Por ellos no cobran las empresas y así vamos engrosando esa cifra temible del paro que se acreca en España al 20% mientras que en el resto de Europa no llega al 10%. Esa es la verdadera sangría de la crisis.

Y mientras las cosas (hasta éstas que parecen nimias) no se hagan bien, no se puede hablar de final del ciclo maldito. Aquel que cree que todo el desastre vino de fuera y desde fuera se arreglará, se equivoca.

También se equivoca aquel que piensa que lo único que pasa es que no hay financiación y que todo volverá a su ser cuando el "grifo" de los bancos vuelva a funcionar. Y así regresar a la borrachera y bacanal financiera e inmobiliaria. No es así. Nada volverá a ser así. El sistema financiero no se puede volver a basar en dejar dinero prestado a aquel que no tiene capacidad para devolverlo. Los bancos han aprendido.

Hacer bien las cosas es pagar lo que se debe. Son miles de millones de euros los que adeudan los ayuntamientos a las pequeñas y medianas empresas. Los mismos que éstas deben a subcontratistas y suministradores, que se hunden con mucha más facilidad y cuyos dramas familiares y profesionales conocemos por la prensa. Hay que hacerse una pregunta elemental.¿Hay derecho a que un ayuntamiento comience una obra, por muy necesaria que ésta sea, antes de pagar obras ya terminadas que están llevando al paro a miles de ciudadanos?

Los impagos o los retrasos en los mismos llevan a las empresas adjudicatarias con bajas de hasta el 40%, primero a perder la dudosa rentabilidad (2-4%) de la obra y cuando el pago pasa de los 3 meses a los 7-8 meses, los costes financieros no sólo se comen esa posible ganancia sino que les llevan a perder dinero.

Y lo peor de esta situación no es sólo que perdura en el tiempo, sino que se ha consolidado como algo cultural en nuestra sociedad. El "gastar más de lo que se tiene" y "no pagar lo que se debe" se ha hecho culturalmente obligatorio no sólo en las instituciones públicas, sino en las empresas, en las familias... hasta en instituciones y asociaciones históricas y saneadas económicamente desde siempre.

Hace un siglo si debías algo a alguien y te lo encontrabas en una calle, te cambiabas de acera por educación y por evitar una confrontación en la que "tú" no tenías razón. Hoy, buscas el encuentro para presumir y regodearte de la deuda ante aquel al que debes dinero. Hay un auténtico ranking de ayuntamientos endeudados y parece tonto el que ocupe los últimos lugares y deba menos. El mérito en cuestión de deuda es inversamente proporcional a la seriedad en el gobierno.

Y parece que esta colección de obviedades e ideas pertenecen al mundo de lo liberal, pero tengo serias dudas, porque en ese ranking se encuentran muy destacadas administraciones gobernadas desde hace mucho tiempo por gente que se hace llamar a sí mismo "liberal". Posiblemente no haya idea ni ideología en esta materia de gobierno.

También se ha intentado legislar sobre esta cuestión sirviendo dichos límites legales, en cuanto al pago de certificaciones de obra y servicios, para que haya muchos responsables políticos y técnicos de las administraciones al otro lado de la línea de la legalidad. Sin que ésto signifique más que eso y no llegando dicha responsabilidad a llevarles a inhabilitación o cualquier otra pena que les disuada de seguir haciéndolo. Lo que nos lleva a todos a pensar en para qué sirve dicha legislación como otras en nuestra "piel de toro".

Y claro, la pregunta es obligada: ¿ocurre lo mismo en el resto de Europa? Seguramente la contestación la encontramos en el porcentaje de paro español dentro de la Unión Europea y en que no haya empresas francesa, inglesas o belgas en las licitaciones de los ayuntamientos españoles. Los comités de riesgos de dichas empresas no dan crédito a los datos sobre retrasos en los pagos en España.

Consigamos primero estas cosas, aparentemente pequeñas (que los ayuntamientos no hagan obras que no puedan pagar y que paguen las que han hecho) para que la gran economía (la del paro, el ahorro, el crédito y el consumo) empiece a funcionar.
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